La norma genera sistemas desiguales, uno por autonomía 564.000 personas han solicitado alguna prestación a la Administración y a 345.000 se les han reconocido, pero sólo una minoría las percibe
Las ayudas a los dependientes llegan con cuentagotas y no alcanzan a todos los solicitantes.
La Ley de Dependencia mantiene enfrentados al Gobierno central y las autonomías 20 meses después de su aprobación. Mientras el Ejecutivo insiste en la complejidad de la ley y su aplicación, aunque asegura el cumplimiento de los objetivos fijados, las comunidades autónomas reclaman con insistencia la financiación necesaria para llevarla a cabo.
Entre tanto, miles de dependientes a los que ya se les ha reconocido el derecho a la prestación continúan esperando a que la ayuda llegue.
La Ley de Dependencia se aprobó hace casi dos años con consenso de todos lo partidos que, sin embargo, ahora parecen discrepar sobre su aplicación. Desde las asociaciones de afectados la reivindicación es clara: «Las administraciones públicas deben dejarse de disputas partidistas o territoriales; para el desarrollo de la ley hace falta consenso». Así lo indica el presidente de la Federación Española de Asistencia a Dependientes (FEAD), José Alberto Echevarría, que recuerda que «se han generado muchas expectativas e ilusiones» con esta ley y «ahora no puede defraudar». Sin embargo, la Ley de Dependencia, dista mucho de ser perfecta. Muy al contrario, los expertos consideran que es una norma de «lenta aplicación», «farragosa administrativamente», además de «compleja».
El presidente de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa), Emilio Marmaneu, cree que el problema reside en que se trata de una Ley Nacional cuya aplicación recae sobre las Autonomías, de ahí las disputas. El Gobierno tacha de «insumisas» a ciertas comunidades gobernadas por el PP en la aplicación de la ley. Es más, la semana pasada el vicesecretario del PSOE, José Blanco, calificó al líder de los populares, Mariano Rajoy, de «patriota de pacotilla» por impulsar dicha «insumisión» que, en muchas autonomías, se aplica hasta donde el dinero llega.
Según Blanco, «la derecha quiere hacer negocio y privatizar la dependencia» y añadió que está «engañando a los ciudadanos» al decir que no les llega el dinero prometido por el Gobierno central para el desarrollo de esta ley, algo que, aseguró, es «rotundamente falso». Lejos de estas acusaciones, fuentes autonómicas denuncian el supuesto trato de favor que estarían recibiendo algunas comunidades gobernadas por el PSOE con las que el Ejecutivo central ha firmado «convenios extraordinarios» para la atención de la dependencia.
«Favoritismos»
Así la cosas, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha reconocido a Galicia una «deuda histórica de 60 millones» para atención a la dependencia y ha financiado la construcción de una residencia modelo para la Atención a la Dependencia en Almería donde el Ministerio aporta una cantidad de 6.656.219 euros a repartir entre 2007, 2008 y 2009. En la misma línea, Cataluña ha recibido del Gobierno seis millones para pagar evaluadores y estudios estadísticos. Favoritismos aparte, lo que está claro es que, si bien a 564.000 personas ya han solicitado que se les reconozca la prestación, sólo a 345.000 se les ha reconocido, pero «eso no significa que la hayan recibido ya», como señala el diputado popular Miguel Barrachina. De acuerdo con su estimación, sólo un 10 por ciento de los solicitantes (entre 40.000 y 60.000 personas) reciben las ayudas.
Sirva como ejemplo el caso de una andaluza de 101 años a la que la Junta ha aplazado «para dentro de cuatro o cinco años una ayuda a la dependencia». Una situación que recuerda al caso de otra mujer de 102 años a la que le reconocieron el derecho, pero que no recibirá la prestación hasta dentro de dos años; o el de José Calle, cuya mujer de 77 años padece alzhéimer y está internada en una residencia sin recibir, a día de hoy, ninguna ayuda. Tiene solicitada la prestación desde abril de 2008 y asegura que «lo último que he recibido de los Servicios Sociales del Ayuntamiento es que han transmitido el expediente a la Comunidad de Madrid».
José prefiere no hablar de la ley de Dependencia porque «me pongo malo». «La Administración tiene que ponerse las pilas», añade.
Y es que, según el presidente de Ceafa, se trata «de una buena ley con una aplicación difícil y farragosa». «Las familias nos dicen que les son requeridos documentos una vez y otra. Hay que pasar una valoración y luego otra», añade. En su opinión, «vamos a tener que revisarla».
Fuente: larazon.es
