Cabrera, en su intervención en la rueda de prensa de todas las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, explicó además que si el Gobierno cumpliese con su obligación y compromiso de desarrollar la Ley, el sistema sanitario y sociosanitario se haría más eficiente. "Este Gobierno está equivocado porque no se puede legislar solo con recortes de derechos. La crisis no es una excusa, todo lo contario, ahora es el mejor momento, este crisis es un oportunidad para el sector de la Dependencia porque no requiere de un esfuerzo adicional económico, genera empleo de calidad y riqueza", añadió el máximo dirigente de la FSS-CCOO.
Unas ideas que han suscrito por unanimidad todos los representantes de las organizaciones, tanto sindicales como empresariales, que hoy han ofrecido por primera vez una rueda de prensa conjunta para aunar esfuerzos a la hora de exigir a las Administraciones Públicas su compromiso con el desarrollo de la norma.
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Pilar Navarro, enfatizó lo importante y crucial que es la Ley de Dependencia, tanto por el servicio que presta a ciudadanos con verdaderas necesidades, como por lo que supone como generador de empleo de calidad y estable. "Con el nacimiento de la Ley, hace cuatro años, se calculaba que se crearían 450.000 puestos de trabajo, pero la falta de implicación de las Administraciones ha impedido que esta previsión se hiciese realidad, y las cifra final ha sido de 140.000 puestos".
Un déficit que también ha sido denunciado por el responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Actividades Diversas de CCOO (AADD-CCOO), Jesús Martínez: "Están dando hachazos a los pasos que dimos en su día y lo que están consiguiendo es destruir empleo y eliminar derechos de personas vulnerables".
Argumentos con los que coinciden también todas las organizaciones empresariales. En este sentido, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, denunció que más de 300.000 personas valoradas como dependientes no están recibiendo la prestación que le corresponde con la política de recortes del Gobierno. "No se entiende esta situación de falta de aplicación de la Ley, cuando la Dependencia tiene demanda, crea inversiones y puestos de trabajo de calidad, genera riqueza en otros sectores, etc.", enfatizó Echevarría.
En la misma línea, se expresó el representante de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores del Sector Solidario (LARES), Antonio Molina, quien afirmó que la atención a la Dependencia es un derecho ya adquirido; "no se puede consentir que sean los más débiles los que paguen las consecuencias de una crisis económica".
Cerró el turno de intervenciones el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jorge Guarner, reclamando para el sector la acreditación profesional con la coordinación de las Comunidades Autónomas y recogiendo de nuevo una de las ideas principales en la que coinciden todas las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia: "No solo el Gobierno, todos los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo para definir qué tipo de Estado queremos".
Un Estado de bienestar que, según todos los firmantes del manifiesto, debe asentarse en derechos básicos como la Sanidad, la Educación y la Dependencia.
Por último, sindicatos y organizaciones empresariales anunciaron a los medios de comunicación que tienen previsto un calendario de actuaciones que perseguirá el desarrollo de la Ley de Dependencia con el objetivo de garantizar "este derecho fundamental".
Fuente: comfia.info
