Crear una ley específica para las personas de la tercera edad que las proteja, tal y como ya ocurre con los menores y las mujeres, ante una situación de malos tratos o de desamparo.
Esta es la propuesta del fiscal de Mayores, Jorge Sena, quien reclama una normativa integral para este colectivo a la vista de las denuncias que recibe cada día, centradas en el incumplimiento de la ley de dependencia y la violencia contra los mayores.
Hay un “vacío legal” en la defensa de los derechos de los mayores de 65 años en casos de violencia o desamparo “y es un colectivo creciente y, por sus circunstancias personales, necesitado de ayuda de los poderes públicos”, señala Sena. En cuanto a las denuncias, asegura que el 90% de las que se tramitan están relacionadas con la ley de dependencia y el resto con situaciones de maltrato en el entorno familiar o en las residencias donde viven, así comode discriminación por razón de edad.
La ley de dependencia es “excelente”, señala el fiscal, pero tiene dos defectos: “Está excesivamente burocratizada, son muchos los pasos hasta que el mayor obtiene el Programa de Atención Individual— que determina las prestaciones y servicios que debe percibir— y, por otro lado, no está suficientemente dotada de recursos económicos”.
Con los ancianos hay un vacío legal que no se da con las mujeres y los menores”, indica el fiscal de Mayores
Al haber mucha demanda y poca dotación, va con cuentagotas”, afirma, y “la lentitud y la falta de explicaciones dejan a los afectados sumidos en una incertidumbre tremenda”.
“He recibido llamadas de personas que un año y medio después de haber sido calificadas como dependientes siguen esperando el PIA y que se determinen las ayudas”, destaca.Y cuando se prolongan los trámites para conceder las prestaciones “se atenta contra la dignidad de las personas”. “Uno de los derechos recogidos en la propia ley”, subraya el fiscal.
El otro problema preocupante es el de los malos tratos. Una cuestión opaca que vuelve a poner de manifiesto, en opinión de JorgeSena, la falta de legislación específica para esos casos de violencia, que contemple como agravante la edad de la víctima.
En este sentido, Jorge Sena adelantó que se está elaborando un protocolo para la detección de malos tratos, con la colaboración de la asociación Afal, de familiares de enfermos de alzheimer, y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,
que pretende implicar a personal sanitario, centros de acogimiento, asistentes sociales y otros colectivos en contacto con ellos.
Isabel Iborra, autora de un informe sobre la violencia en la tercera edad, considera que los casos de maltrato siguen rodeados de un “secretismo impresionante,máspalpable en el caso de los mayores”.
“Ellos son muy reacios, incluso, a hablar de las situaciones de las que están siendo víctimas en el seno de la familia. Cuando los profesionales de Atención Primaria o ayuda social las detectan pueden hasta negarlo, porque sienten vergüenza o cierta responsabilidad”, explica. Otras veces hay una incapacidad física o intelectual para pedir ayuda y una dependencia absoluta de sus cuidadores, “porque sienten que sin ellos son incapaces de hacer las cosas más básicas”.
Hay una sensación de impunidad y dificultad de hallar pruebas del maltrato que, según el fiscal Jorge Sena, impide la mayoría de las veces iniciar procedimientos judiciales.
Hay casos evidentes, que se ven físicamente, pero hay otros como las sujeciones, o ataduras en enfermos, que atentan contra su libertad y son difíciles de probar. “No dejan señales, y más si son sujeciones químicas, como un exceso de medicación, para que no den la tabarra”, advierte.
Sin embargo, este experto señala que más complicado aún es probar la violencia psicológica.
Los malos tratos más frecuentes
Un informe del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia, con datos de 2005 a nivel nacional, concluye que uno de cada cien mayores reconoce haber sufrido maltrato en la familia. El porcentaje aumenta según el grado de dependencia, hasta un 2,9% en los casos severos.
Otras investigaciones elevan la cifra a un 4 o 5%. Por otro lado, cinco de cada cien cuidadores confiesan haber maltratado a una persona de edad, muchas veces porque la situación les sobrepasa.
Los abusos más frecuentes son físicos, psicológicos y económicos, éste últimomásfrecuente en personas dependientes y con alzheimer, además de negligencias y abusos sexuales, según la autora del informe, Isabel Iborra, coordinadora científica del Centro Reina Sofía.
“Las personasmayores están olvidadas en el sistema jurídico”, indica Iborra, pero queda mucho por hacer en otras áreas, y la mejor medida es “la prevención y dotar de recursos y formación a los cuidadores para atajar el problema”.
“Los servicios sociales son muy eficaces en la detección de menores en situación de riesgo, pero me pregunto dónde está esa protección en el caso de losmayores”, añade la experta, apoyando la idea de mejorar la protección hacia el mayor.
Fuente: spypress.com
