La crisis económica ha vaciado las arcas de la Generalitat, que este año ha acumulado impagos con los dependientes y los centros que les atienden. Al mismo tiempo, 2012 ha supuesto un duro revés para quienes tenían sus esperanzas depositadas en la Ley de Dependencia, que acaba de cumplir el sexto aniversario desde su aprobación por parte del Gobierno de Zapatero.
El pasado verano, el Gobierno anunció una dura reforma de esta norma, que convierte en casi una excepción la figura del cuidador familiar, hasta ahora la más reconocida dentro de la ley.
A estas personas también se les ha recortado la prestación que reciben, se les ha dejado sin cotización a la Seguridad Social y se abre la puerta para ampliar los copagos de los dependientes por las prestaciones que reciben. Durante el año que termina, las residencias de la tercera edad han acumulado hasta 11 meses de impagos y tampoco ha llegado el dinero con regularidad a los centros de discapacitados, que se han visto obligados a reducir servicios y a despedir a trabajadores.
Casi a diario, familiares, usuarios y empleados de estos servicios se han manifestado tanto en Alicante como en Valencia para exigir que se les tenga en cuenta y se han organizado marchas a pie a la capital de la Comunidad para exigir que se salden las deudas.
La situación no ha sido mejor para quienes esperan ayudas como la renta garantizada de ciudadanía. Miles de personas han esperado durante meses para cobrarla, y eso que se trata de una
ayuda de emergencia para personas que no tienen ningún tipo de recurso con el que salir adelante.
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