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Sanidad niega el desmantelamiento del sistema de dependencia

Casi uno de cada cuatro dependientes no recibe prestación | CiU recuerda que la dependencia recae casi exclusivamente en las comunidades

No hay autocrítica por parte del Gobierno sobre cómo está funcionando el sistema de dependencia y eso, pese a que, con datos del 2012, casi uno de cada cuatro dependientes con derecho a prestación no la tiene.

"Es la cifra más baja hasta el momento", aseguraba ayer en el Senado el responsable el Imserso, César Antón, quien negó que el sistema esté paralizado o esté siendo desmantelado, como acusan desde el tercer sector, asfixiados por los impagos de las comunidades.

El senador Josep Lluís Cleries denunció ante el propio Antón que el Real Decreto aprobado el año pasado para garantizar la atención a las personas en situación de dependencia "hace difícil promover los servicios si disminuye la financiación que aporta el Estado".

Según Antón, el trabajo realizado el año pasado de evaluación, con el cruce de datos de fallecidos entre las comunidades y el Registro del Ministerio de Justicia y las medidas adoptadas destinadas a garantizar el Sistema de Dependencia, con los siguientes objetivos de clarificar la normativa de la dependencia; modificar la clasificación según grados y niveles y mejorar la calidad y la adecuación de las prestaciones y la cartera de servicios, entre otros, ha permitido "mejorar el servicio de ayuda a domicilio y la prestación económica de asistencia personal sin modificar el catálogo de servicios y prestaciones establecidos en la Ley".

No lo ve así el senador de Cleries, quien se quejó de la falta de financiación de un sistema, que ha cambiado las reglas del juego a mitad del proceso, dejando a las comunidades con la responsabilidad de mantenerlo sin capacidad económica. "Si la Generalitat aportara lo mismo que el Estado en dependencia el 53% de los usuarios quedarían fuera del sistema", indicó. Y lo contrató con los siguientes datos: los 1.191 euros al mes de media que destina la Generalitat para pagar los 1.869 euros de una plaza en una residencia concertada para una persona mayor, con gran dependencia, y los 177,86 euros que aporta el Estado y que complementan los 500 euros por término medio de copago del usuario.

Cleries recordó que hoy por hoy la Generalitat aporta el 70%, el Estado el 20% y sitúa el copago en el 10%. Además, ha indicado que los precios de referencia que propone el Estado "dan miedo, porque no son reales" y es "como hacerse trampas al solitario porque cada comunidad deberá hacer frente a los gastos reales".

Fuente: lavanguardia.com

Con la colaboración de