Se acabaron las montañas de expedientes en los juzgados. Los trámites de la Administración de Justicia entran de lleno en la era digital, y Guipúzcoa los estrena. Un juzgado de lo Civil de San Sebastián y otro de lo Social comenzaron ayer a tramitar las tres primeras demandas por vía telemática, una de las cuales fue presentada por la Fiscalía para solicitar la declaración de incapacidad de una enferma de Alzheimer. Los otros dos procedimientos fueron iniciados por un abogado y un procurador.
La experiencia forma parte de un programa piloto presentado ayer por el viceconsejero de Justicia del Gobierno vasco, José Manuel Fínez, quien destacó que el nuevo sistema, conocido como expediente electrónico, resalta por su sencillez. En el futuro, el abogado ya no tendrá que salir de su despacho para interponer la demanda, ni acudir personalmente al procurador. En la oficina de registro ya no habrá que sellar ni amontonar papeles y tampoco tendrán que esperar al día siguiente para llevarla en un carrito hasta el juzgado correspondiente, donde se tramitará.
Desde ayer, el letrado dispone de una firma digital y una clave con la que puede entrar en el apartado de justizia.net, la página digital del Departamento vasco de Justicia, que está destinado a los profesionales. Allí, cumplimentará un formulario, adjuntando el escrito de la demanda y los documentos que considere necesarios.
En la oficina de Registro y Repartos, un funcionario se ocupa ahora de cotejar los datos del expediente y de asignarlo un juzgado de lo Social o lo Civil, según corresponda. La demanda queda registrada y no ocupa espacio en los casilleros. El juzgado asignado recibe el aviso de forma electrónica, le da trámite de admisión y le otorga un número de procedimiento.
Una vez creado el expediente, el abogado o el procurador puede entrar en la aplicación para comprobar en qué estado se encuentra su demanda, para verificar si la otra parte ha incluido algún escrito y consultarlo... Es posible incorporar más documentación sin estar pendiente de horarios, con la garantía de seguridad y confidencialidad en el proceso.
Fuente: elcorreo.com