El caso de una madre que ha decidido plantarse ante la Consejería de Bienestar Social de Canarias para exigir atención para su hija discapacitada psíquica ha sido puesto de ejemplo hoy del drama de más de 2.500 familias que esperan respuesta por la Ley de Dependencia en las islas hace años.
Y es que María Dolores Pérez, vecina de Telde, ha decidido que exigirá que se resuelva la tramitación de la solicitud de atención como dependiente de su hija que presentó cinco años atrás pasando cada jornada, de sol a sol, a las puertas del edificio de Uso Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria, donde está la sede de la Consejería de Bienestar del Gobierno Autónomo.
Su protesta se debe a que el Ejecutivo no ha puesto los medios adecuados para garantizar el adecuado desarrollo de su hija, Joanna Macías, de 18 años y con un 67 por ciento de discapacidad psíquica y una dependencia de grado severo, a pesar de que lo lleva solicitando desde hace años por diferentes vías, la última de ellas tratando de acogerse a la Ley de Dependencia, según ha explicado.
Con la voz quebrada a ratos por la tristeza de su situación y rodeada por familiares y portavoces de colectivos como la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias o del Colegio de Trabajadores Sociales, que se han solidarizado con su causa, Loly Pérez ha relatado que sus problemas comenzaron cuando Joanna tenía doce años y, desde ese momento, se han ido agravando.
Puesto que entonces responsables educativos decidieron que su hija, que hasta ese momento iba a clase con niños sin discapacidad, fuera escolarizada en un aula especial para alumnos con problemas, generó en ella un rechazo tal que, según ha relatado su madre, acabó por escaparse varias veces del centro.
Esta conducta se agravó a comienzos del presente curso académico, en el que Joanna, en su último intento de escapar, llegó a saltar por una ventana desde un tercer, sufriendo diversas fracturas que la llevaron a pasar cincuenta días de convalecencia en el hospital, cinco de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos, ha subrayado.
Ante esos hechos, Loly Pérez ha decidido mantenerla en su domicilio y atenderla por sí misma en tanto no logre una respuesta satisfactoria de la Administración, que considera que deben darle por la vía de resolver su expediente de solicitud de atención a la dependencia, sea buscando un centro de educativo o de asistencia donde Joanna se sienta bien o dándole ayudas.
La demora de la respuesta que espera y el hecho de que atender a su hija es una tarea que debe asumir sola, sin tener a veces tiempo ni para ir a la compra ni para hacer cosas personales, porque su marido trabaja y nadie más en su familia puede hacerse cargo de ella, la han llevado, no obstante, a iniciar su protesta actual.
Su movilización cuenta con el respaldo de la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias, cuya dirigente Gisela Rivero, que compareció a su lado hoy en rueda de prensa, ha dicho que el caso de Joanna es "ejemplo claro de la vulneración sistemática de derechos" que sufren miles de afectados que han tratado de acogerse a la Ley de Dependencia en las islas.
Por ello, Gisela Rivero ha dicho que su organización y otras varias "apoyan la lucha de Joanna", a la que ha animado a sumarse a todas las personas que, como ella, llevan años esperando que se les reconozcan los derechos a la atención que tienen, de acuerdo a lo establecido en la Ley.
Fuente: abc.es
