La Ley de la Dependencia introdujo la figura del cuidador familiar, al que el Estado incluye en la Seguridad Social y le paga las cuotas. Además, según el grado de dependencia del discapacitado al que cuida, se le asigna una prestación dineraria mensual, que puede ser en torno a los cuatrocientos euros. Sanidad viene defendiendo que la Ley de Dependencia, en su redacción actual, no es sostenible.
Alude también que ha tenido conocimiento de fraudes y ha hecho público su malestar porque esa norma no ha creado empleo, ya que se opta en general por los cuidadores familiares en lugar de por los cuidadores profesionales.
Recibir formación
Dentro de las reformas que en este campo planea el departamento de Ana Mato, el punto de mira está en el control de la figura del cuidador familiar. Se le pedirá que acredite la convivencia con el dependiente y que esté dispuesto a recibir la formación que le ofrezca la Administración. Deberá tener un horario de trabajo compatible con el cuidado de la persona dependiente y permitir el acceso al domicilio de los servicios sociales de la Administración, para hacer el correspondiente seguimiento. Los requisitos del solicitante, es decir, del dependiente, también se escrutarán más estrechamente. Y se exigirá documentación adicional: además de un informe de salud normalizado, una declaración jurada sobre la situación económica y patrimonial de solicitante o de la unidad familiar y copia de la declaración del IRPF.
Finalmente, la Administración podrá suspender o modificar la prestación «si así lo considera oportuno».
Fuente: spypress.com
