De los casi 140 usuarios actuales de la residencia de ancianos del Naranco, dependiente de Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA), gran parte son dependientes. Tienen enfermedades degenerativas como Alzheimer, «y todo lo que están escuchando ahora sobre el cierre de la residencia y su traslado les está afectando mucho. Lloran todo el rato», cuentan los familiares. La residencia «es su casa» y el personal y compañeros, «su familia», subrayan. Hay otros usuarios que cambian las lágrimas por la rabia. Completamente lúcidos aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos para explicarles la situación. «Vienen y dicen que van a hacer una nueva residencia en el parque de Invierno. A mi esa obra me importa un pito. Nosotros no llegaremos a ver ese edificio si es que se hace», comenta un usuario que lleva algo más de tres años en el centro.
La pasada semana, la presidenta de la Asociación de Familiares de la Residencia del Naranco, que acaba de abandonar el cargo, «nos advirtió ante la reunión que íbamos a tener con el gerente del ERA que nos pusiéramos en lo peor». No pensaban que iban a recibir la noticia que hubieron de escuchar: la residencia tiene daños en su estructura y a finales de junio, quedará desierta. «Creemos, por estas cosas, que se sabía desde hace tiempo. Nos han tratado como imbéciles, máxime cuando no nos facilitan el informe del estado del edificio», recriminan los familiares.
EL COMERCIO ha tenido acceso al estudio firmado por el arquitecto del ERA en el que se destaca que «los coeficientes de seguridad obtenidos para los forjados están bastante por debajo del coeficiente de seguridad para una estructura acorde con la normativa actual». No obstante, señala que aparte de los desprendimiento de bovedillas del centro de día, producidos el pasado diciembre, «no se han observado otras lesiones de trascendencia de un riego inminente». En cuanto a los pilares, «son adecuados y cumplen con los requerimientos de seguridad indicados en la normativa». Recomienda en sus conclusiones «reforzar y restituir la protección de los forjados del inmueble» (valorado en 2,5 millones de euros), o en caso de no realizar ninguna medida a corto plazo, aboga, «con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, se proceda el desalojo del mismo».
Fuente: elcomercio.es
