El 27% de los usuarios recibe apoyo de forma gratuita al tener ingresos mensuales inferiores a 427,9 euros · La inversión municipal supone 1,9 millones, con un plus autonómico de medio millón
Con el refuerzo de la Ley de Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) del Ayuntamiento atiende actualmente a 1.277 familias en la capital, beneficiando a un total de 5.108 onubenses de unas prestaciones que son gratuitas en el 27% de los casos, en función del nivel de ingresos. Incluyendo (según necesidades justificadas) desde tareas domésticas, hasta la administración de alimentos, cuidados especiales, acompañamiento dentro y fuera del hogar, limpiezas de choque o tareas de tipo educativo; este programa trata de apoyar a personas con déficit de autonomía, evitando accidentes domésticos, internamientos innecesarios; y problemas de soledad y aislamiento.
Desde el pasado mes de julio, a la ayuda a domicilio que desde 1990 venían prestando los Servicios Sociales Comunitarios -competencia municipal-, se han sumado los supuestos derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia, que hasta la fecha suman 140 casos en la ciudad, según informaron desde el Consistorio.
Todo el dispositivo supone este año una inversión de casi 2 millones de euros con cargo a la Administración local, aportando la Consejería de Bienestar social un plus de 525.352 euros para los casos cubiertos por la Ley de Dependencia. "Aunque las políticas sociales son una competencia de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, al ser la Administración más cercana a los ciudadanos, asume estas inversiones para prestar más servicios de los que le corresponden por Ley", apuntó la concejal de Servicios Sociales y Juventud, Pilar Miranda, incidiendo en la necesidad que tienen los ayuntamientos de una segunda descentralización de competencias, "acompañadas de recursos, así como de que la Junta transfiera a los municipios el 50% del cobro de la deuda histórica. Nuestros técnicos, en colaboración con la Junta, están haciendo un trabajo extraordinario, y el Ayuntamiento un gran esfuerzo económico, pero necesitamos más personal porque con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia los equipos están volcados en su funcionamiento, pero tenemos otras competencias y servicios que desarrollar y el personal, por parte de la Junta, no se ha reforzado en su totalidad".
Y es que todos los cauces son insuficientes y los recursos muy limitados para atender a una demanda social creciente, como es la de ayuda a domicilio, un servicio que que se encuentra dirigido a toda la población siempre y cuando se justifiquen y verifiquen unas necesidades especiales: es el caso de las personas mayores que viven solas y tienen dificultades para realizar algunas o todas las actividades de la vida diaria; personas con discapacidad física o mental que con este servicio pueden mejorar su autonomía personal; o enfermos mentales que precisan ayuda o supervisión para poder llevar a cabo una vida más independiente. El perfil de los usuarios también incluye a los enfermos crónicos y personas de edad avanzada con algún tipo de demencia, Alzheimer o parkinson; y a las familias que conviven con una persona dependiente y que por razones de salud o trabajo presentan dificultades para atenderlos. "También reciben ayuda a domicilio -explica Miranda- las familias desestructuradas que son atendidas desde otro programa de Servicios Sociales y es necesario reforzar la intervención con este servicio".
Así pues, en los casos derivados de la Ley de Dependencia, el acceso a este servicio es directo cuando se certifica grado y nivel de dependencia reconocido en una resolución emitida por la Junta de Andalucía. En los casos prescritos por los Servicios Sociales Comunitarios, los criterios que tiene en cuenta el Ayuntamiento para que las familias se puedan beneficiar de este programa se basan en la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial; en dificultades personales especiales, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de su situación; la situación social (previa valoración de la red de apoyo de la persona) y; asimismo, las características de la vivienda habitual, consideraciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Las solicitudes deben acompañarse de una fotocopia del DNI, certificado de ingresos económicos, fotocopia de la Declaración de Hacienda, certificados médicos y cualquier documento oficial que acredite una circunstancia especial.
No pueden acceder a este servicio los solicitantes que perciban otras prestaciones análogas por parte de otra entidad pública o privada.
Para los casos del SAD comunitario, una vez prescrito el servicio de ayuda a domicilio por el trabajador social de zona, se aplica la ordenanza reguladora del precio público, partiendo de un importe base de 12,15 euros por hora y un cuadrante de bonificaciones. El servicio es totalmente gratuito para las familias que acrediten ingresos mensuales inferiores a 427,95 euros, circunstancia que atañe al 27% de los usuarios actuales. Los que no estén exentos y perciban menos de 1.711,80 euros al mes, pagarán un porcentaje del coste total del servicio en función de los ingresos de la unidad familiar, el número de horas que se les presta y el número de miembros familiares. Abonan la totalidad del coste del servicio las familias que sobrepasan este umbral de ingresos.
Para los usuarios de la Ley de Dependencia, el copago se determina en la resolución de su expediente, a instancias de la Junta de Andalucía. Como explicó la concejal de Servicios Sociales, para el próximo año -debido a la aprobación de la orden que regula este servicio en Andalucía- todas las corporaciones locales deben homologar los precios y fijar un copago único.
Nuevos reajustes, pues, para un programa que el Ayuntamiento de Huelva puso en marcha hace ahora 18 años, arrancando con 58 casos y un presupuesto anual de 18,3 millones de pesetas [para pagar al personal del servicio y la cobertura de las bonificaciones para las familias de rentas más bajas]. Cuando se inició el servicio, el presupuesto era compartido a partes iguales (33%) entre el Ministerio, la Junta y el Consistorio; "sin embargo -subrayó Miranda-, actualmente el Ayuntamiento está pagando el 86% y las demás Administraciones siguen poniendo lo mismo que en 1990".
Fuente: huelvainformacion.es
