Unas 45.000 personas, que representan sobre un 1,5% de la población gallega, padecen la enfermedad de alzhéimer o alguna otra demencia, y la cifra podría duplicarse en 20 años, según se indicó en la presentación del Documento Sitges 2009 , que aboga por los derechos de este colectivo. En el acto, organizado por la Fundación La Rosaleda en el Hostal, participaron profesionales de los ámbitos de la sanidad y la Justicia.
En las intervenciones se defendió que para respetar al máximo el principio de autonomía de las personas con presunta incapacidad sería necesario evaluar las condiciones físicas, neurológicas y psicológicas involucradas en la toma de la decisión específica que deba adoptarse.
Respecto a las funciones neurológicas, el documento propone el uso de «una escala unificada de valoración fácilmente comprensible para todos los profesionales de los ámbitos sanitario y jurídico, así como unas sencillas tablas para interpretar los resultados», manifestó el neurólogo compostelano Alfredo Robles, coautor y coeditor del estudio.
La incapacitación de una persona de edad avanzada, según este experto, no es la única solución, sino un instrumento más que debe utilizarse cuando realmente la persona anciana con demencia no pueda tomar decisiones ni valerse por si misma por su situación.
Pero antes de llegarse a una solución tan drástica, en la que interviene la Justicia, existen otras posibilidades. Además, algunas demencias son reversibles y otras se mantienen estables; aunque la mayoría de estas enfermedades avanzan y suponen un progresivo deterioro de quien las padece. Pero hay que valorar cada momento para defender sus derechos, insistió.
Fuente: lavozdegalicia.es
