En Galicia hay unas 40.000 personas que están esperando la ayuda de la ley de dependencia en algún punto de su largo proceso burocrático, frente a las 37.500 que ya la reciben. Aunque la Xunta asume que un tercio de los dependientes están sin atender, la cifra que maneja el Ministerio de Política Social es mucho mayor.
Este tiene en cuenta a quienes han presentado la solicitud pero todavía no han recibido el primer dictamen, el que les dice su grado
y nivel, que son unas 20.000 personas. De hecho, Galicia es la tercera comunidad por la cola en ese punto: solo se ha valorado al 81% de los solicitantes, cuando la media española está en el 90%; Canarias y Extremadura son las únicas que están peor.
Según el Imserso, que baraja datos de todo el país a 1 de agosto de este año, hay casi 100.000 (97.589) gallegos apuntados para
recibir ayudas, y de estos, unos 80.000 (77.336) ya tienen su reconocimiento: 60.000 pueden incluirse en la norma —es decir, tienen un grado de dependencia 2 o 3—; y 17.000 deben esperar —el grado 1, nivel 2 se incluirá en el 2011 y los más leves lo harán en el 2013—. Esto supone que, a día de hoy, hay 60.000 gallegos que la Administración acepta como dependientes y es este grupo con el que la Xunta hace sus estadísticas de atención: 37.500 ya tienen prestación y 22.000 están a la espera.
Sin embargo, se olvida de los 20.000 que esperan su primer documento, de los que se supone que unos 15.000 sí podrán incluirse en la ley por ser de grados 2 y 3.
Ayuda a domicilio
Pero en Galicia no todos los asuntos relacionados con la dependencia son negativos. Por ejemplo, la comunidad está entre las tres primeras de España en ayuda a domicilio. Es este servicio uno de los más importantes del catálogo de posibles de la ley y de los que menos se aplican.
Lo primero se debe a que permite al dependiente mantenerse en su casa el máximo tiempo posible, y lo segundo, a que supone un importante esfuerzo de coordinación entre la Consellería de Traballo y los 316 concellos gallegos.
A pesar de las dificultades, un 15% de los casos (unos 5.000) se resuelven en Galicia con la visita por horas de una persona que
ayuda al dependiente a levantarse, lavarse o comer —entre otras funciones—, frente a la media nacional, que no llega al 11%, y con casos como los de Aragón, Baleares, Canarias, la Comunidad Valenciana o Murcia, donde no se ha aprobado ni un solo expediente de ayuda a domicilio.
En Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana se opta más por las residencias; en Canarias, por los centros de día, y en Murcia, por la teleasistencia —los mayores disponen de una conexión telefónica para casos de urgencia—. Solo Andalucía y La Rioja superan a Galicia en este apartado.
Tampoco está mal dotada la comunidad en centros de día.
Según el espíritu de la ley, estos son, junto con la ayuda en el hogar, las opciones más deseables para las personas dependientes,
porque no las desvinculan de su entorno y no obligan a la familia a tener a alguien atendiendo de forma permanente al enfermo.
Traballo aplica este servicio al cinco por ciento de los solicitantes y si no se usa más es porque en el rural muchas personas optan
por la paga a cuidadores familiares.
Los trabajadores sociales podrán saber de qué recursos disponen y su estado. La Consellería de Traballo e Benestar ha llevado a cabo importantes avances en la digitalización de sus servicios. De este modo, dicen acortar el tiempo de tramitación y facilitarla tanto para trabajadores como para usuarios. Hasta el momento había dos aplicaciones informáticas diferentes. Sin embargo, actualmente se trabaja en una aplicación única y en la homogeneización de los datos, lo cual permitirá una gestión integral del proceso.
A esto sesuma la creación de un nuevo que, entre otras funcionalidades, permite que los trabajadores sociales puedan conocer los recursos existentes y su estado. Asimismo, acaba de implantarse un concurso para la digitalización de los expedientes, para que el acceso a los históricos y el seguimiento de datos sea en tiempo real. Este último asunto ha generado las críticas por parte de comisións Obreiras y la CIG por considerar que se trata de una privatización de los atos de los pacientes.
Fuente: spypress.com
