Asturias es una de las cuatro autonomías españolas que el pasado mes de septiembre tenía menos beneficiarios de la ley de Dependencia que en junio, 14.095, frente a los 14.751 de hace unos meses, según los datos a 1 de octubre de este año que publica el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Los mismos datos indican que el total de beneficiarios con derecho a prestación son 20.110 y sólo la reciben 14.095, lo que quiere decir que hay 6.015 asturianos a quienes la ley ha reconocido el derecho pero la Consejería de Bienestar Social no les concede la prestación.
Las solicitudes registradas en el Principado desde el comienzo de la andadura de la ley, en enero de 2007, fueron 35.202, de las que se dictaminaron 29.979. Los datos que confirman el atasco de la aplicación de la ley de Dependencia coinciden con la llegada a la Consejería del equipo de Foro Asturias, liderado por Paloma Menéndez. El organigrama de la nueva consejería se modificó sustancialmente a la baja si se compara con el del equipo anterior y, sin embargo, aumentó su carga de trabajo, al sumarse organismos dependientes de otros departamentos, como el Instituto Asturiano de la Mujer.
Las cifras, no obstante, marcan una tendencia iniciada en 2010 que ya había sido advertida en sus dictámenes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En los dos últimos Asturias suspendía y contrastaba esta puntuación con la de informes anteriores en los que había llegado a tener un 7. Su presidente, José Manuel Ramírez, explicó entonces a LA NUEVA ESPAÑA que el Gobierno regional había empezado bien pero había cometido un error de estrategia, al crear una red paralela a los servicios sociales municipales.
Ramírez sostenía que la ley bien aplicada es una fuente generadora de empleo. «Ya ha creado más de 140.000 empleos, y 170.000 personas están cotizando como cuidadores no profesionales», afirmaba.
Este periódico ya intentó el pasado mes de agosto que los nuevos responsables de Bienestar valoraran la situación actual de la aplicación de la ley de Dependencia en Asturias y explicaran por qué hay más de 6.000 asturianos pendientes de recibir la prestación a la que tienen derecho. Entonces, desde Bienestar se dijo que había transcurrido muy poco tiempo desde su llegada al departamento y que preferían esperar para dar respuestas. Ayer, festivo, los responsables no estaban operativos para comentar las cifras oficiales del Imserso.
En su primera comparecencia en la Junta General, el pasado mes de septiembre, Paloma Menéndez afirmó que quería acortar hasta los tres meses el plazo que transcurre desde que el usuario solicita ser beneficiario de la ley de Dependencia hasta que se aprueba el denominado plan individual de atención (PIA). Entonces había 5.741 personas ya valoradas a la espera de la prestación. Paloma Menéndez garantizó que las prestaciones llegarían «a todos los que las demanden».
Dijo, además, que el Gobierno de España adeudaba al Principado 200 millones de euros en materia de dependencia. Lo cierto es que Asturias viene pagando desde su comienzo el 70 por ciento del coste de aplicación de la norma, frente al 20 por ciento estatal, cuando la propia ley habla de que el Estado aporte el 50 por ciento de la financiación.
En una nueva comparecencia en la Junta, el pasado 25 de octubre, la consejera de Bienestar Social informó de que su departamento había decidido posponer hasta el próximo año gastos y pagos por una cuantía de 11,8 millones y admitió que, pese a este recorte, todavía le faltaban 14,6 millones para el salario social y prestaciones derivadas de la ley de Dependencia.
De las 14.095 personas con derecho a recibir una prestación en Asturias 7.230, prácticamente la mitad, son pagadas a cuidadores familiares, algo que en la ley se recoge como excepcional y que el anterior equipo de Bienestar, liderado por Noemí Martín (integrante del gobierno PSOE-IU), trató de corregir, obteniendo algún resultado satisfactorio.
No obstante, sigue siendo una cifra enorme si se la compara con la que le sigue en prestaciones, que es la atención residencial a 3.161 personas, poco más del 20 por ciento. Esta cifra ha disminuido con respecto a hace unos meses.
El resto de beneficiarios y prestaciones es el siguiente: teleasistencia, 483; ayuda a domicilio, 1.794; centros de día/noche, 1.349; prestación vinculada a servicio, 1.499, y asistente personal, 1.
Las otras tres comunidades que presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían el pasado junio son Aragón, Valencia y Navarra. Según se deduce de los datos del Imserso, el desarrollo de la ley se ha frenado en la mayor parte de las comunidades autónomas. En este momento en España hay 1.045.624 personas con derecho a una prestación, y 305.674 no la reciben. Sólo hay cuatro comunidades que llevan un buen ritmo de aplicación: Andalucía, Castilla y León, el País Vasco y Madrid.
Fuente: Ine.es
