Elisa se levanta cada mañana a las siete. Asea y viste su marido, enfermo de Alzheimer y lo lleva a un centro de día. Esta valenciana de 76 años no tiene ni un sólo día de descanso. Ha solicitado la ayuda de la Dependencia pero sigue esperando una respuesta. Hasta que le concedan la plaza pública que ha pedido paga 800 euros al mes por una privada. En la Comunitat viven más de 800.000 mayores. Alrededor del 33% sufre alguna discapacidad. Y ahora ellos se han convertido en las otras víctimas de la crisis.
Algunos hijos desempleados han tenido que sacar a sus padres de las residencias en las que ya estaban porque no pueden pagarla. O porque necesitan su pensión para subsistir ellos. La moratoria aprobada por el Gobierno pospone la atención de los casos más moderados, al menos, un año. Y la falta de fondos ha ralentizado, aún más, la concesión de prestaciones de la Ley de Dependencia.
Alrededor de 12.000 mayores aguardan a entrar en una residencia en la Comunitat, según estima la Federación de Servicios Sociales del sindicato UGT. Durante la desesperante espera, a unos les cuidan los hijos y otros viven con la soledad como única compañía.
El tiempo juega en su contra. Fuentes del sector apuntan que el plazo de espera para ingresar en una residencia pública o concertada en la Comunitat supera el año y medio. ¿Las causas de esta demora? Principalmente dos. La escasez de plazas públicas es una de ellas. El último informe del Imserso sobre residencias, publicado en noviembre, revela que en la Comunitat existen más de 27.000 plazas en geriátricos, de las que sólo 5.600 son públicas.
«El número de privadas supera con creces al de las públicas sobre todo en las provincias de Alicante y Valencia. Se trata de una polarización que se ha agravado en esta provincia entre 2007 y 2010», afirma otro estudio del Portal de Mayores.
Estas cifras chocan con las aportadas por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social. «Las plazas a disposición del Consell, bien propias o concertadas con entidades locales, instituciones sin ánimo de lucro o mediante contratos de accesibilidad han aumentado un 33% pasando de 6.600 en 2008 a 9.900 en la actualidad», apuntan estas fuentes.
A la falta de camas públicas se suma el retraso en la aprobación de la Dependencia, necesaria para beneficiarse de este recurso. «En algunos casos, pasa año y medio sólo desde que se aprueba el Programa Individual de Atención (PIA) hasta que se concede la plaza», denuncia el responsable de servicios sociales de UGT-PV, Antonio Femenía.
Durante esa espera, algunas familias optan por ingresar al anciano en un centro privado hasta que consigan entrar en uno público o concertado. «Muchas veces los acaban sacando antes de obtener la plaza porque se quedan sin dinero. Y más con la precariedad económica actual. Hay personas que incluso se han endeudado», apunta Femenía.
Desde la Federación de asociaciones de ciudadanos mayores de la Comunitat (Cima) destacan que muchos de sus usuarios «ni siquiera conocen qué pasos deben seguir para beneficiarse de una plaza concertada». Por ello no es extraño que hasta allí lleguen casos de ancianos con demencia senil cuidados por sus cónyuges. «Nos comentan que estarían bien en una residencia pero que no la pueden pagar. Y ante cualquier cambio o trámite para solitar la ayuda de la ley y poder entrar en una concertada, les entra miedo», explican estas fuentes.
El Defensor del Pueblo, Jorge Pelegrí, admite que las listas de esperan para acceder a una plaza de titularidad pública o concertada «son muy largas». Pelegrí insiste en los casos de emergencia «que han de ser prioritarios. Es necesario que la administración busque un sitio digno para esos casos más urgentes», reclama.
Ni siquiera los usuarios que ya están ingresados en una residencia están a salvo de la crisis. Los impagos han puesto en peligro la superviviencia de muchas residencias. Algunas de ellas llevan más de un año sin cobrar el concierto de la Generalitat. También están afectados los centros del sector solidario (Lares), es decir, los que no tienen ánimo de lucro y suelen estar gestionados por fundaciones y órdenes religiosas.
El gerente de Lares en la Comunitat, Sergio Cañellas, apunta que hay dos residencias «que llevan un año sin cobrar y se encuentran en una situación muy complicada». Se trata de la Purísima de Crevillente y la del Sagrado Corazón de Bocairent. Al resto les adeudan desde septiembre. «A partir de febrero volverán a generarse deudas y ni siquiera contamos con un calendario de pagos», lamenta.
El centro de día Albors, en Valencia, pertenece a Lares. Este mes el Consell les han ingresado parte de los 140.000 euros que les deben. Abrió sus puertas en septiembre de 2010 y cuenta con medio centenar de plazas. Todas las públicas (20) están llenas desde el principio. Hay otra docena de privadas ocupadas. Allí sus usuarios no dejan de hacer actividades. Ejercicios de memoria, jugar a los bolos, gimnasia y en breve, terapia con animales.
Para hacer frente a los impagos, ha echado mano de la residencia que también gestiona la fundación a la que pertenece. «Se planteó reducir personal, disminuir la oferta de plazas y ajustar más la ratio de trabajadores. Al final hemos podido salir adelante gracias a los ahorros de la residencia», explica la directora del centro, Cristina Ferri.
Pepa es una de las más veteranas en las instalaciones de Albors. «Tardaron más de un año y medio en concederme el recurso por la Depedencia». Hoy esta valenciana de 72 años ocupa una de las plazas públicas. Tiene una pensión de 370 euros mensuales y está valorada con grado II nivel II, tras sufrir un ictus que le dejó paralizada la parte izquierda de su cuerpo.
«Estoy muy contenta de estar aquí. Los dos hijos que viven conmigo trabajan y no pueden cuidarme. En casa estaba todo el día en la cama y aquí hago gimnasia, como e incluso me duchan», explica esta mujer, que va en silla de ruedas.
El año pasado el retraso en el pago obligó a cerrar a nueve residencias concertadas. «Hay una docena más que preparan Eres. Y es que en el mejor de los casos hemos cobrado hasta junio», denuncia María José Mira, gerente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte).
Las residencias que peor lo están pasando son las de enfermos mentales. Esta misma semana Aerte ha anuciado que 12 de ellas han iniciado el proceso de cierre. Mientras tanto, Aerte cuenta con 4.000 plazas vacías debido al retraso de la concesión de la Dependencia.
El presidente de la asociación valenciana de familiares de usuarios-residentes de centros geriátricos, Ramón Savorit, asegura que la lista de espera «está paralizada porque no hay fondos para cubrir los recursos». Y alerta del peligro de que no se cumpla el ratio mínimo de trabajadores por anciano.
El Síndic de Greuges ha abierto una investigación sobre la situación de los geriátricos. Para ello ha solicitado al Consell un informe detallado del último pago a cada centro, entre otros documentos.
Fuente: lasprovincias.es
