Pilar Rodríguez, gerontóloga, con una larga trayectoria profesional en la que ha dirigido el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y presidido la Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (Fasad), además de ser Delegada del Gobierno del Principado de Asturias en Madrid, Consejera de Bienestar Social del mismo Ejecutivo, y autora de importantes obras sobre el envejecimiento y las personas mayores, continúa en la brecha con su trabajo como asesora de los ministerios de Sanidad y de Política Social, y de Igualdad. Y aún le queda tiempo para constituir la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que defenderá la igualdad de todas las personas y la dignidad de la vida humana mediante la promoción de la autonomía personal, la participación social, el ejercicio de derechos y el incremento de la calidad de vida de personas y grupos que se encuentren en riesgo de discriminación, dependencia o marginalidad.
Aplicación de la Ley de Dependencia
--La Ley de Dependencia está sufriendo las consecuencias de la crisis y muchos son los sectores que denuncian un parón. ¿Comparte esta crítica?
Otro de los ataques es el de que, pese a haber nacido como una ley de servicios, se está convirtiendo en una de prestaciones. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia ha significado el mayor avance en nuestro sistema de protección social de los últimos años. Pero el paso es de tal envergadura que se necesita tiempo para su completo despliegue y el plazo, fijado por la propia Ley, es el año 2015. También la norma previó que durante 2010 no se diera paso a los nuevos niveles que restan porque es el año dedicado a su evaluación, lo que explica que este año haya menos entradas de personas a las que se reconoce el derecho. El predomino de la prestación económica responde a la necesidad de tener tiempo para crear las infraestructuras y adoptar las medidas necesarias para la creación de más servicios que ofrecer a los usuarios.
Estoy segura de que el tiempo hará más equitativo el reparto entre prestaciones económicas y servicios. En cualquier caso, sí diré algo en cuanto al insuficiente desarrollo que están experimentando todos los servicios en general y el de ayuda a domicilio, en particular. Este último es con el que de manera más clara se apoya que las personas puedan permanecer viviendo con calidad de vida donde ellas prefieren, que es su casa. Para cambiar esta situación es urgente culminar acuerdos entre las administraciones autonómica y local donde aún no se han producido, como también lo es mejorar las características y la calidad de este programa para hacerlo más atractivo y eficaz. El potencial de creación de nuevos empleos que tiene este servicio es otro motivo más para esperar que se apueste decididamente por él, precisamente en un momento de grave crisis económica como la que atravesamos en España, con unas altísimas tasas de desempleo. Se trataría de una inversión triplemente productiva: atender con calidad profesional a personas en situación de dependencia, ofrecer nuevos puestos a trabajadores excedentarios de otros sectores en crisis y reducir el coste de las prestaciones de desempleo.--¿Qué valoración le merece el desarrollo de esta Ley por parte de las CCAA, en las que en algunos casos se ha llegado a hablar de irregularidades en su financiación--Hay que insistir, en primer lugar, en la enorme complejidad que tiene la implantación del nuevo sistema.
Además del esfuerzo presupuestario, organizativo, conceptual, normativo y funcional que suponer para las comunidades, conlleva también la formación de los profesionales.
También conviene recordar que el desarrollo de los servicios sociales no se ha realizado de manera homogénea en todos los territorios del Estado, por lo que el inicio del despliegue de la Ley, que fue muy costoso para todos, en algunos lugares fue especialmente difícil. No obstante, me parece que tanto la falta de agilidad en su aplicación en algunas comunidades como la escasa transparencia en la parte de la financiación que les corresponde podrían llegar a contravenir el principio de legalidad y a constituir una falta de lealtad institucional. Recuérdese que esta regulación normativa se realizó al amparo del artículo 149.1 de la Constitución, con salvaguarda plena de las competencias en materia de asistencia social de las autonomías. Por eso, la propia naturaleza del objeto de la Ley requiere del compromiso leal y de la actuación conjunta de las Administraciones Públicas.
No obstante, creo que el paso del tiempo y el permanente diálogo entre el ministerio y las administraciones autonómicas también está dando la oportunidad a todos para mejorar el desarrollo de la Ley.
