Un nuevo varapalo a la Conselleria de Bienestar Social. Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales deja en pésimo lugar la gestión que la administración pública está llevando sobre la ley de dependencia.
Los retrasos van a colapsar el sistema, alertó ayer el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, para quien «es imposible» que con las demoras que se están registrando el sistema soporte la entrada de nuevos dependientes, los de nivel moderado, previsto en enero de 2011, y cuando la Generalitat todavía tiene pendiente de adjudicar miles de ayudas.
El estudio ha realizado un seguimiento por autonomías sobre la aplicación de la normativa y actualmente 30.997 personas en la Comunitat están «en el limbo», es decir, que tienen reconocido el derecho a la prestación pero están a la espera.
Un volumen de dependientes que ha aumentado en los últimos dos meses después de que en febrero se consiguiera reducir el número de usuarios en lista de espera.
Un «triste» récord
«Es imposible que Valencia -en referencia a la autonomía- se ponga al nivel de la media del país», aseguró Ramírez, quien puntualizó que ya de por sí estas cifras de media que se han recogido no son alentadoras con 17 meses de espera y 252.800 dependientes en España con derecho reconocido y sin prestaciones y una deuda acumulada cercana a los 800 millones de euros en concepto de atrasos por retroactividad.
«En esta autonomía hay casos de personas que llevan esperando dos años», denunció el responsable. Y citó que la Comunitat ostenta, junto a Canarias, «el triste récord de la desatención», con más un 51% de personas que teniendo grado y nivel suficientes para ostentar el derecho a ser atendidos están pendientes de su Programa Individual de atención (PIA). Un porcentaje que un año antes se situaba en el 44,3%. «La situación ha empeorado; es la única autonomía del país que ha experimentado un crecimiento». De ahí que Ramírez lamente que las comunidades que no están cumpliendo con sus deberes resulten al final las más beneficiadas con las nuevas medidas del Gobierno sobre la retroactividad.
Casi doce de cada mil españoles están recibiendo servicio o prestación por dependencia, -a fecha de 1 de mayo-, y a la cabeza se sitúan Cantabria, La Rioja y Andalucía, con cerca de 20 personas atendidas por millar de personas. Por contra, en el extremo opuesto quedan Baleares (con una tasa de 6,6), Valencia (5,7), Madrid (5,2) y Canarias (3,4). «Esto evidencia, sin lugar a dudas que los esfuerzos, las voluntades y la pericia han sido muy desiguales por territorios», recoge el informe, donde se pone de manifiesto que se desconoce el alcance que tendrán las medidas (la eliminación de la retroactividad salvo que se superen los seis meses desde la solicitud), pero «lo que está claro es que hay que rendirse ante la evidencia de la ineficacia del sistema en estos primeros tres años».
La asociación también critica que la red de servicios residenciales es insuficiente y los servicios de ayuda a domicilio y centros de día no se han desarrollado.
Fuente: lasprovincias.es
