La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, conocida como Ley de Dependencia, es uno de las ámbitos en los que, según afirman diferentes expertos y grupos políticos, más se están dejando notar los recortes presupuestarios que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
La Ley de Dependencia fue impulsada en 2006 por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la finalidad de asegurar que “todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas sean atendidas por las administraciones públicas, garantizándoles el acceso a los Servicios Sociales Públicos y a las Prestaciones Económicas más adecuadas a sus necesidades”, tal como reza el texto de la misma.
Sin embargo, la compleja situación económica por la que atraviesa España desde 2008 ha dificultado que la citada normativa cumpla con el objetivo para el que fue ideada y, como consecuencia directa de la recesión que azota a España durante 2012, los recortes que se han llevado a cabo en el último año están provocando que “la Ley de Dependencia se esté resquebrajando”, afirma Sergi Jiménez, profesor de la Universidad Pompeu Fabra e Investigador de Fedea.
Un ejemplo de ello son los más de 1.590 millones de euros de ahorro en esta materia derivados de las medidas de ajuste aprobadas por el Real Decreto 20/2012 del 13 de julio, según un estudio del propio Jiménez. Este cifra, que supone el 0,14% del Producto Interior Bruto de España, “ya ha puesto en entredicho la sostenibilidad del sistema”.
Problema demográfico
Pero el incierto futuro de la normativa no está únicamente provocado por los recortes. Las peculiaridades demográficas de España, en donde la edad media de los ciudadanos es cada vez más alta, y por lo tanto el número de personas jubiladas y no cotizantes crece año a año, irremediablemente desembocará en que sea inviable financiar los servicios derivados de esta prestación con las aportaciones de los trabajadores.
Por ello, los expertos aseguran que es necesario buscar nuevas vías de financiación para poder mantener la Ley de Dependencia. Una de ellas, propuesta por el propio Jiménez, es el pre-fundig. Esta fórmula plantea que los potenciales beneficiarios de la Ley de Dependencia adelanten sus atribuciones para pagar las futuras necesidades que puedan presentar.
Sin embargo, en la actual coyuntura parece complicado siquiera plantear a los ciudadanos “más sacrificios” en forma de nuevos impuestos, pero el profesor afirma que “tenemos que ser capaces de pensar en el futuro y no sólo en el corto plazo”.
Estas conclusiones las expuso Jiménez en el desayuno Fórmulas de financiación de la dependencia en España, organizado por EXPANSIÓN y Fundación Caser, evento en el que también estuvo presente Adelina Comas-Herrera, Research Fellow de London School of Economics. Comas-Herrera abordó la situación y la financiación de la dependencia en otros países, que podrían servir de ejemplo a España.
Los más desarrollados, como es el caso de los países escandinavos, la dependencia forma parte del sistema de bienestar. En otros, como Japón o Alemania, existen sistemas de seguros especiales para este ámbito, que hacen posible el acceso al mismo de manera asequible.
Pero independientemente de cuál sea el sistema por el que se apueste en España, la experta tiene claro que el primer paso que se debe dar para que la ley sea viable es “prevenir y tratar las enfermedades crónicas y sus consecuencias discapacitantes”.
Esto reduciría el número de pacientes que requieren cuidados constantes y, por lo tanto, aligeraría la cantidad de recursos que se deben destinar para esta partida.
Por otra parte, continúa Comar-Herrera, es necesario un cambio de mentalidad por parte de la población, de manera que se integre “la dependencia en la planificación del final de la vida”.
De conseguirlo, los ciudadanos serán conscientes de que en el último tramo de su vida podrían requerir unos cuidados que estarían cubiertos con la suscripción de un seguro especial, al que deberían tener acceso en condiciones de financiación favorables.
Y además, con este tipo de acciones se pondrían “en marcha medidas de financiación que complementen a las administraciones”, algo que Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la dependencia, considera primordial.
Un pilar básico
En el desayuno también tuvo representación el Ejecutivo central. César Antón Beltrán, director general del Imserso, defendió la gestión del Gobierno en favor de la Ley de Dependencia, y afirmó que ésta “es una parte y pilar básico del sostén de la atención social de las personas”.
Algunas de las cifras que ofreció Antón para evidenciar su argumento es que “según los datos de noviembre, hemos reducido en 74.000 el número de personas esperando ser beneficiarios de la Ley de Dependencia”.
Además, y en contra de los que acusan al Gobierno de recortar partidas destinadas a atender a personas que lo necesitan, el director del Imserso afirmó que se ha diferido “la Ley de Dependencia para 2014 a las personas que menos dependencia tienen en beneficio de las que más lo necesitan”. De esta manera, se ha conseguido cierto ahorro para las arcas públicas sin perjuicio de los más necesitados, según Antón.
1.592 millones
Es la cifra que, según diferentes estudios, ha recortado el Gobierno de las partidas destinadas a la Ley de Dependencia. La cifra, a pesar de que sólo supone el 0,14% del PIB de España, pone en cuestión la supervivencia de la asistencia.
Fuente: expansion.com
