La ley de la dependencia podría generar alrededor de 635.000 puestos de trabajo en los próximos años, un nicho idóneo para los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo. Esta es una de las reflexiones del estudio 'La Economía Social y la atención a la dependencia', elaborado por la Fundación Alternativas, que además critica que las medidas tomadas por el Gobierno son «un reflejo de una posición que hace ajustes y recortes del gasto como la única vía para superar la crisis».
El informe, que ha contado con la colaboración de Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Suara Cooperativa, Fundación Cajamar y la Fundación Gredos de San Diego, describe el pasado y presente de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, contextualizándolo con la actualidad del sector y proponiendo una serie de propuestas para su potenciación. «Sorprendente» es la palabra con la que el estudio define el hecho de que no se encuentre en la agenda política la elaboración «compartida y pactada» de un plan de crecimiento y empleo. «¿Qué más tiene que pasar para abordarlo de forma prioritaria y paralela al plan que se está desarrollando de consolidación fiscal?», se cuestiona, a la par que sentencia que el soporte de cualquier proyecto «no radica solo en minimizar los gastos, sino, sobre todo, en maximizar los beneficios».
Una de las claves de la ley de la dependencia es la potenciación del papel del sector privado dirigido a los servicios para los dependientes. A juicio de los autores, es «una de las pocas medidas anunciadas que no refleja de forma directa una voluntad de recortar el gasto», aunque opinan que no será útil debido al poco presupuesto destinado para tal fin, y que exige que el usuario complemente la financiación en una proporción «sin duda mayor que la que resultaría de aplicar las reglas del copago». Así, desde el trabajo se propone «reequilibrar» las prestaciones y servicios del sistema; desarrollar las que permanecen "prácticamente inéditas", como la de asistencia personal o las de prevención de la dependencia y fomento de la autonomía personal; el impulso del servicio de ayuda a domicilio; o igualar el desarrollo de la ley en las diferentes comunidades autónomas, que registran muchas desigualdades en su implantación.
También alude a las carencias en torno a los cuidadores, por lo que exige de un control "real y directo" de la situación en la que se encuentra la persona dependiente, promoviendo también el «afloramiento» de empleos ahora en situación irregular, con medidas fiscales y laborales dirigidas a incentivar la normalización. Desde el informe también se reclama que el presupuesto acordado para la implantación de la medida, que ha sido suspendido este año argumentando la situación económica del país, sea reestablecido.
Fuente: finanzas.com
