El Ayuntamiento recibió en 2006 una partida de 200.000 euros para construir esta infraestructura sanitaria
La Junta de Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Bollullos que justifique el destino de 200.000 euros que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social aprobó en 2006 para la puesta en marcha de un Centro del Alzheimer, cuyas obras aun no se han iniciado. Todo ello a pesar de que en el ejercicio 2007 el ente autonómico hizo efectivo dicho pago.
El portavoz de los ediles disidentes de IU, Sergio Rosado, asevera que están trabajando por iniciar de forma inmediata dichas obras al objeto de no perder la subvención, así como otra por el mismo importe que se liberaría una vez culminada la infraestructura.
El objetivo del equipo de gobierno es iniciar las obras antes de que expire el presente ejercicio, fecha fijada como límite para que el proyecto dejen de ser una mera infraestructura de 'papel'.
Ante esta situación el portavoz popular, Manuel Moreno, denuncia la incongruencia de la que hace gala la administración andaluza que durante el mandato socialista no verificaba "en ningún momento el destino del dinero ni exigieran ningún tipo de justificación".
El edil no quiere pronunciarse sobre si los representantes de la administración autonómica están actuando con "premeditación y alevosía" o como represalias contra el actual equipo de gobierno por suscribir la moción de censura que apartó del gobierno a los representantes de su partido. No obstante, el edil si que tacha de "sospechoso" que ahora se reclame la ejecución de determinados proyectos en los que ha colaborado la Junta, mientras que durante la etapa de Carlos Sánchez no se realizaron las inspecciones correspondientes y las consiguientes reclamaciones de aquellas subvenciones.
En este sentido el edil recuerda que existen 600.000 euros en subvenciones sin justificar que habría de financiar "unas pistas de tenis, la página web municipal, la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el servicio de Ventanilla Única, una pista de skate board", actuaciones e infraestructuras todas ellas que no se han ejecutado.
Precisamente esta retahíla de actuaciones son las que quieren investigar la corporación en las Comisiones especiales que se han puesto ya en marcha. Moreno entiende que han de brindar la oportunidad a los socialistas, implicados en las "supuestas gestiones fraudulentas", la posibilidad de defenderse y concretar el destino de los "cuatro millones y medio de euros" que carecen de justificación y que se habrían "volatilizado o desviado para el pago de nóminas".
Dentro de estas supuestas irregularidades el equipo de gobierno ha constatado que la empresa concesionaria de los servicios de la piscina municipal ha estado facturando anualmente 180.000 euros en concepto de apertura y mantenimiento de las instalaciones, todo ello "a pesar de que sus instalaciones se han llevado cerrada los últimos tres años".
Sergio Rosado, portavoz de los ediles expulsados de Izquierda Unida, también se ha pronunciado al respecto y asevera que, en contra de las críticas vertidas desde la oposición que tacha estas actuaciones como una mera "operación de marketing para justificar la moción", nuestra postura es clara y tenemos la firme intención de llevar el caso a los tribunales sobre cualquier gestión que sea constitutiva de delito". Una afirmación que corrobora el hecho de que "hayamos contratado los servicios jurídicos de un bufete de abogados" quien, en última instancia, reclamará las pertinentes responsabilidades administrativas y penales.
Fuente: huelvainformacion.es
