- Un informe indica que sin lista de espera se rondarían los 4.000 puestos, más otros 3.000 de cuidadores familiares asegurados
- La tasa asturiana es una de las más altas del país y supera, en proporción, a Cataluña y Madrid
La Ley de la Dependencia genera empleo. En Asturias, 3.277, lo que supone tres nuevos contratos por cada 1.000 habitantes. Aunque la cifra está muy lejos de la apuntada en 2007 por Principado y sindicatos, que confiaban en llegar a los 10.000 nuevos contratos, lo cierto es que la asturiana es una de las tasas más altas del país.
Así lo pone de manifiesto el último informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la entidad que se ha convertido en el 'pepito grillo' de la Ley de la Dependencia, a la que evalúa cada seis meses. En esta ocasión, los técnicos han realizado un monográfico sobre el efecto de la ley sobre el empleo y evidencian que, desde 2007, son 3.277 los nuevos contratos que la norma ha generado en Asturias. En todo el país la cifra asciende a 127.977.
Es decir, 2,7 empleos por cada 1.000 habitantes, con lo que la tasa asturiana está por encima de la media nacional e, incluso, de comunidades mucho más ricas, como pueden ser Madrid o Cataluña, donde el porcentaje de empleo se queda en el 2,6 y el 2,5, respectivamente.
De hecho, en todo el país sólo La Rioja (5), Castilla y León (4,5), Extremadura y País Vasco (ambas con 3,8), Cantabria y Castilla-La Mancha (ambas con 3,5), Andalucía (3,4) y Aragón (3,2) mejoran los resultados asturianos, protagonizados casi en exclusiva por empleo en residencias.
En ese sentido, el informe de directores y gerentes deja claro que la mayor parte de los puestos de trabajo creados se han sumado a las plantillas de las residencias de mayores asturianas, donde se han incorporado desde 2007 un total de 1.743 profesionales.
El resto de empleos, hasta los 3.277 totales, se reparten entre la ayuda a domicilio (544) y los centros de día (331), mientras que los servicios de teleasistencia sólo han sumado cuatro puestos más. La progresión va en línea con la elección de los beneficiarios. A 1 de mayo, en Asturias eran 3.512 los dependientes que habían optado por una residencia, frente a los 468 que han preferido teleasistencia.
En porcentajes, ese reparto de puestos por sectores sitúa a Asturias también por encima de la media española, salvo en el caso de los profesionales de ayuda a domicilio. Mientras el volumen de empleo creado en dicho servicio en todo el país es del 25%, en Asturias el porcentaje cae al 17% del total.
Estos números sirven a la asociación para calificar de «cicatería y estrechez de mira» la actitud política con la que las diferentes administraciones han puesto en marcha la Ley de la Dependencia. Porque, explica el informe, a esos datos de empleo directo hay que sumar los cuidadores no profesionales, los familiares que cobran una paga por cuidar de su pariente en casa.
El informe indica que en Asturias son 2.885, de los 7.618 -según el informe del Imserso relativo a mayo-, los que están dados de alta en la Seguridad Social, tal y como obliga la ley, que incluye una subvención oficial para hacer frente al coste de ese alta. Es decir, hay casi tanto empleo directo como altas en la seguridad social de cuidadores no profesionales, una fórmula considerada excepcional en la ley, «pero que se ha sobredimensionado» por su condición de servicio económico. Mientras los servicios suponen, en toda España, una inversión de 3.824 millones de euros, las pagas a familiares se solventan con 1.725.
Pendientes
Y si las cifras son mucho más bajas de las esperadas -en toda España se habían calculado 300.000 nuevos puestos de trabajo- los analistas de la ley indican que todavía quedan muchos pendientes «por los beneficiarios que están en el limbo».
A ese respecto, desde la asociación se ha replicado la versión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, que ha negado que existan beneficiarios en el limbo «porque se puede saber, fehacientemente, el estado de los 37.000 expedientes en vigor». Los técnicos indican que «sí hay dependientes en el limbo», que son los que tienen derecho a un servicio, pero no lo reciben porque aún no han llegado a un acuerdo con la Administración.
En el Principado, la cifra ronda las 6.000 personas que, según los cálculos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, «generarían 1.260 más», fruto de 670 puestos de trabajo directo y 590 nuevas cotizaciones a la Seguridad Social. No obstante, la entidad recuerda que, si se cumpliera la ley, deberían estar dados de alta los 7.618 familiares que, a 1 de mayo, cobraban por cuidar de un familiar. Sólo cotizan por esa paga menos de la mitad.
Fuente: elcomercio.es
