El Comité de Personas con Discapacidad (Cermi), la Federación de Mayores (Fampa) y la Red contra la Pobreza de Asturias (EAPN) reclamaron ayer que no se dé «ni un paso atrás» en políticas sociales y exigieron al nuevo Gobierno regional las convocatorias de subvenciones a los colectivos sociales -el denominado tercer sector- que están pendientes este año.
Así lo expusieron los presidentes de esas tres entidades -Mónica Oviedo (Cermi), Víctor García Ordás (EAPN) y Dolores San Martín (Fampa) durante una jornada sobre derechos sociales organizada por la Procuraduría General del Principado de Asturias.
Mónica Oviedo indicó que, dada la época de crisis, comprende que no se den nuevos avances en derechos sociales, pero señaló que «tenemos mucho miedo a que todo vuelva a treinta o cuarenta años atrás», informó Efe. Recordó asimismo que la Ley de Dependencia en Asturias lleva casi un año paralizada y advirtió de que, del nuevo Gobierno, espera que apruebe un nuevo baremo de discapacidad.
Por su parte, García Ordás señaló que el Consejo Autonómico de Bienestar Social lleva más de un año sin reunirse. Especialmente, el presidente de EAPN de Asturias lamentó que «de la noche a la mañana hicieron un recorte del 20 % sin ni siquiera hablar de las consecuencias que iba a provocar».
Reducción que se da, además, «justo cuando aumenta el nivel de llegada de personas en exclusión social». García Ordás destacó que Asturias cuenta con buenas medidas en la materia, como el salario social, pero indicó que últimamente transcurre más de un año para la resolución de expedientes de Salario Social y que, tal y como adelantó EL COMERCIO, ahora hay unas 4.000 solicitudes a la espera.
García Ordás reclamó un Plan Autonómico de Inclusión Social multidisciplinar porque en Asturias hay unas 176.000 personas en exclusión social y unas 128.000 por debajo del umbral de la pobreza (unos ingresos inferiores al 60 % del salario medio).
El «tripago» sanitario
Dolores San Martín alertó de que estamos «a punto de retroceder treinta años en prestaciones sociales», y recordó que desde 2010 ya ha descendido «más del 10% el poder adquisitivo de las personas mayores», por la congelación de las pensiones, las subidas de IPC e IVA, así como de los servicios. También se quejó por el copago sanitario, que denominó «tripago» más que repago, pues la sanidad ya estaba financiada con los impuestos y con el conocido como céntimo sanitario. «Ni la Constitución ni el Pacto de Toledo parecen suficientes para unas medidas que parecían garantizadas», aseguró.
Fuente: elcomercio.es
