El Gobierno volverá repartir a los cabildos en las próximas semanas otros 30 millones de euros para la atención a la dependencia. Estos irán destinados a programas sociosanitarios para personas con discapacidad y se sumarán a los 30,1 que el Consejo de Gobierno aprobó el miércoles para los centros de mayores dependientes y que, como los programas anteriores, gestionan los cabildos insulares.
A través de estos convenios cofinanciados al 50% entre Gobierno y cabildos, el Sistema Canario de Atención a la Dependencia (adaptación autonómica a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) dispondrá, a menos de un mes para las elecciones del 22 de mayo, de 120 millones de euros. En ellos se incluyen 16 millones que Sanidad liberó la pasada semana para estos mismos fines -12,9 para mayores y 4,1 para programas de atención a la discapacidad- y que no estaban contemplados en la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma que elaboraron los populares José Manuel Soria, como responsable de Hacienda, y Mercedes Roldós, en Sanidad, antes de su salida del Gobierno en octubre.
Con una reducción del 11% en el capítulo sanitario, los 60 millones del Gobierno que han visto la luz en plena etapa electoral junto a los otros 60 de las corporaciones locales, irán destinados a la atención de los 38.523 dependientes que declara la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y que el Ministerio de Sanidad y Política Sanitaria reduce notablemente hasta 10.330.
La consejera canaria Inés Rojas sostiene que la causa de tal disparidad es que Madrid únicamente contempla, en los datos que trimestralmente publica a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), "las prestaciones económicas y no los servicios que se prestan".
Controversia
Sea así o no, lo cierto es que Canarias aparece, ante toda España y lo corroboran también las asociaciones de personas con discapacidad, a la cola de la aplicación de la ley que entró en vigor en abril de 2007 y no en la cabeza como se insiste desde el Ejecutivo. "Aquí no se está aplican la ley, tenemos el menor índice de personas a las que se les ha reconocido el derecho a recibir prestaciones. Basta echar un vistazo a las cifras que publica el Ministerio para darse cuenta de que estamos incluso por debajo de Ceuta y Melilla. Un 0,4% -en relación a la población del Archipiélago- frente al 2,52% de Cantabria o el 2,23% de Andalucía con una población que es cuatro veces mayor que la nuestra", apunta la responsable de los programas de calidad y proyectos de la Asociación de Alzheimer de Canarias, Lorena Álvarez.
Rojas se defiende. Insiste en que Madrid no contabiliza a las Islas servicios que se prestaban ya con los antiguos planes de atención, y que son más amplios que los que apunta la norma nacional, entre otras causas porque la ley exige que la gestión de la misma esté centralizada en el Gobierno autonómico y transferida a los cabildos.
La queja en la corporación de Gran Canaria, que como las demás tenía ya consignada su parte para ambas patas de la dependencia -10, 7 millones- es que han tenido que pasar tres meses para que se librara el dinero cuando desde el año pasado estaba acordada la financiación por convenios. "Desde enero", señala el responsable de Hacienda, Luis Ibarra, "no hemos visto un duro y no hubiéramos podido llegar ni a mitad de año pese que para este Cabildo, como me consta que también para los demás, el gasto social es prioritario".
Fuente: laprovincia.es
