La Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado por unanimidad dos iniciativas socialistas relativas a la creación y puesta en funcionamiento de la biblioteca de guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud, y para promover y realizar la guía de práctica clínica sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Respecto a la primera, “el Congreso insta al Gobierno a elaborar, adaptar y actualizar las guías de práctica clínica que se incluirán en la Biblioteca Virtual, junto a las comunidades autónomas, asociaciones y sociedades científicas, entidades interesadas en la Medicina basada en la evidencia y asociaciones de pacientes.
Además, insta a fomentar entre los profesionales sanitarios la utilización de la Biblioteca, con especial atención a la Biblioteca Virtual; y a facilitar el acceso y la utilización de un número significativo de guías para la Biblioteca de Guías de Práctica clínica y de otros instrumentos y recursos basados en la evidencia para el apoyo a la toma de decisiones.
En la segunda iniciativa, el Congreso insta al Gobierno a promover e impulsar la elaboración de una guía de práctica clínica sobre el Alzheimer y otras demencias, en colaboración con las comunidades autónomas, las sociedades científicas, las agencias y unidades de evaluación de tecnologías sanitarias, las entidades interesadas en la Medicina basada en la evidencia y las asociaciones de pacientes.
Para ello, remitirá a esta Cámara en el plazo máximo de seis meses un calendario estimado de elaboración de dicha Guía.
Reclusos con trastornos mentales
Por otro lado, la Comisión de Sanidad ha aprobado una proposición no de ley a propuesta de Izquierda Unida por la que insta al Gobierno a mejorar la situación de los reclusos con algún tipo de trastorno mental en España, promoviendo un mayor uso de los servicios de salud comunitarios frente a los psiquiátricos penitenciarios, situados en Fontcalent (Alicante) y Sevilla.
Según ha explicado la diputada del Grupo Socialista Pilar Grande, que introdujo una enmienda finalmente aprobada, con esta medida se pretende mejorar la situación de estos centros, que se encuentran "sobreocupados", y al mismo tiempo ofrecer una mejor atención sanitaria para estos pacientes "en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos".
De este modo, propone que aquellos reclusos con un bajo o nulo riesgo criminal puedan ser atendidos en centros comunitarios, con programas terapéuticos individualizados, limitándose el uso de los hospitales psiquiátricos penitenciarios para aquellos reclusos de alto riesgo que requieren vigilancia.
La proposición no de ley insiste también en la necesidad de transferir los servicios sanitarios de las instituciones penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior, a las comunidades autónomas, así como en el apoyo a los familiares de estos pacientes en su reinserción y recuperación.
Fecha de caducidad de los medicamentos en ‘braille’
Por otra parte, la Comisión ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a "apoyar el diálogo" entre autoridades sanitarias y la industria farmacéutica para "hacer accesible" a las personas invidentes o con alguna discapacidad visual la fecha de caducidad de los medicamentos en sistema 'braille'.
Aunque la propuesta procedía de Convergencia i Unió, finalmente todos los grupos parlamentarios han acordado una enmienda transaccional para mejorar la seguridad de estos pacientes adelantando la aplicación de la Ley del Medicamento en lo que respecta a la adecuación de los etiquetados y "evitar que se tomen medicamentos caducados", según señaló la diputada de CiU María Concepció Tarruella.
De hecho, la intención de Tarruella era que el Gobierno facilitase a las oficinas de farmacia o a los distribuidores farmacéuticos un juego de etiquetas adhesivas preimpresas correspondientes a los meses y años, para combinarlas y adherirlas al envase de cada producto en función de su fecha de caducidad.
Su propuesta incluía un "coste cero" para las oficinas de farmacia, y se contemplaba como "medida provisional" a la espera del cambio normativo que obligue a los fabricantes a incluir esta información en 'braille', como actualmente ya hacen con el nombre comercial y el principio activo de cada fármaco.
Por su parte, la diputada del PP Ana Vázquez propuso que fuera la propia industria farmacéutica la que se hiciese cargo de sufragar este tipo de información, asegurando que "no supondrá un coste excesivo".
La propuesta aprobada por el Congreso incluye también el desarrollo de campañas de promoción del Centro de Información 'on-line' de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para su mejor conocimiento de los usuarios, de modo que las personas invidentes puedan resolver otras dudas acerca de los medicamentos, como posibles
contraindicaciones o efectos adversos.
Fuente: elmedicointeractivo.com
