El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, causado por un problema meramente político, está teniendo consecuencias en las personas con algún tipo de limitación, que adquieren el grado de desastrosas cuando afecta a enfermos que precisan una atención continua.
Es el caso de las familias de enfermos de alzhéimer, que deben asumir unos gastos mensuales que llegan hasta los 2.500 euros. A la carga psicológica de asistir en directo a la evolución de la enfermedad de un ser querido, se suma la económica, imposible de asumir para muchos de los afectados y que obliga a realizar esfuerzos supremos.
El principal gasto es el mantenimiento del enfermo en una residencia especializada. Tal y como explicaron fuentes de la asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia, la horquilla de precios de estos centros oscila entre los 1.400 euros que puede costar una residencia pequeña y los 2.500 de las más punteras. Evidentemente, se trata de aquellos casos en que el afectado precisa un cuidado constante. En total, en la Comunitat hay alrededor de 40.000 personas que sufren alzhéimer, de los que un 40 por ciento (16.000) pueden haber encontrado problemas por el bloqueo de la normativa, según la asociación.
La culpa de todo la tiene el conflicto político generado en torno a la Ley de Dependencia. Aunque desde la Conselleria de Bienestar se ha subvencionado durante estos años el mantenimiento de estos enfermos en centros especializados a través de bonos de residencia, desde este año no se autorizan nuevas subvenciones. La razón es que la persona afectada debe atenerse a las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Es decir, debe ser evaluada para que después se le ofrezca un paquete de medidas sociales conforme a su necesidad, entre ellas el bono.
La aplicación de la ley ha provocado un enfrentamiento entre la administración autonómica y la central. Mientras la primera, que tiene las competencias en materia de Bienestar Social, exige más financiación estatal, desde la segunda y las asociaciones afectadas critican que la Generalitat no ha puesto los medios suficientes para realizar las valoraciones de los afectados y distribuir las ayudas de forma ágil.
Las subvenciones del bono de residencia oscilan entre los 1.083 y los 1.583 euros que pueden recibir los afectados supraasistidos.
María, vecina de Valencia, es una de las afectadas. Debe pagar cada mes 1.600 euros por mantener a su marido en una residencia. "Hace ocho años empezó a mostrar los síntomas de la enfermedad. Ahora no puede estar en casa porque resulta agresivo. Llevamos ocho años luchando, y se vive una situación muy dura", explicó esta señora.
Desde la asociación de familiares reclaman que las administraciones "se aclaren y empiecen a dar las ayudas", en palabras de la presidenta, Juana García. "Nosotros hemos asesorado a las familias para que presenten quejas ante el Síndic de Greuges por las demoras. Algunas personas están valoradas pero no se reciben las subvenciones", explicó García.
Desde la Conselleria de Bienestar Social explicaron que sí que se renuevan las ayudas por este concepto siempre que se hayan autorizado en años anteriores. Es decir, aquellas familias cuyo ser querido precisa cuidados especiales a partir de ahora deben aguardar a las ayudas a la dependencia, pendientes de la firma de un convenio entre el Gobierno y el Consell.
Si la situación ya resulta complicada para aquellas familias con cierto poder adquisitivo, resulta imposible hacerse una idea de las consecuencias que puede tener el bloqueo de la ley en aquellas con una economía media o baja. "Hay familias con pensiones mínimas que reciben 600 euros al mes y no tienen ninguna ayuda", concluyó García.
Tampoco recibe subvenciones I. G. G., vecina de Valencia que tiene a su cargo a su madre de 90 años, enferma de alzhéimer. Se resiste a ingresarla en una residencia. Incluso este año consiguió una plaza, que rechazó al preferir mantenerla en casa.
"Siempre está con una cuidadora, porque trabajo por turnos y no tengo la posibilidad de estar siempre con ella", explica esta mujer. La enfermedad empezó a manifestarse hace tres años. "Me ha costado mucho aceptarlo porque era una persona activa e independiente. Me ha ayudado mucho la asociación (de familiares), sobre todo en la vertiente psicológica, pues se comparten circunstancias con otros familiares", explica esta mujer afectada.
I. G. G. lleva a su madre a dos centros diferentes y ya ha contratado hasta ocho cuidadoras diferentes. "No es fácil tratar con este tipo de enfermos", añade. En su caso, el coste económico entre residencias y asistentes asciende a 1.500 euros mensuales, que asumen entre todos los hermanos.
La única subvención que recibe es de 90 euros, y procede del Ayuntamiento de Valencia. Respecto a la Ley de Dependencia, se muestra resignada. "Sientes que te están tomando el pelo. A mi madre la evaluaron y nos pidieron más información, pero está más que claro que es dependiente. No puedo dejarla ni un minuto sola y no me reconoce. Soy como una cuidadora más", sentencia.
Desde la Conselleria de Bienestar Social achacan a la falta de financiación estatal los problemas derivados de la Ley de Dependencia. Y aportan datos. En lo que va de año la Comunitat sólo ha recibido para cuestiones relacionadas con la ley una cuantía de tres millones de euros. En cambio, a la Xunta de Galicia, según se publicó en el BOE el 16 de abril, el Gobierno ha destinado 23,5 millones este año para la construcción de infraestructuras sociales.
La financiación de la ley se basa en tres niveles: el mínimo, que lo aporta el Gobierno, el acordado, que surge tras un convenio entre el Ministerio y la Conselleria, y el nivel adicional, que hace referencia a las cuantías necesarias que aporta la Generalitat para que se cumplan los objetivos de la ley: servicios de teleasistencia, bonos y todo tipo de subvenciones sociales. "El Consell no boicotea la ley. Es buena al otorgar derechos fundamentales de por vida a las personas dependientes, pero no se pueden reconocer si no hay financiación", explicaron desde la Conselleria. En cuanto a los tres millones aportados por el Gobierno, se trata del nivel mínimo de financiación. Sin embargo, el convenio entre administraciones está pendiente de firma.
Fuente: noticias.ya.com
