El tijeretazo ha puesto en entredicho la aplicación de la ley de dependencia y ha situado a los ayuntamientos y la Conselleria contra las cuerdas de una doble realidad: la multiplicación de los expedientes para la solicitud de ayudas y la imposibilidad de darles curso en un plazo razonable. Además, la eliminación del principio de retroactividad, como parte del plan de austeridad, causa un perjuicio mayor a los solicitantes que aguardan una respuesta.
Nunca ha sido la aplicación de la ley de dependencia un asunto fácil de resolver, pero la crisis amenaza con convertirlo en un laberinto imposible, cuya complejidad es previsible que se agrave a corto plazo. Eso es al menos lo que temen los alcaldes, que a partir del año próximo verán incrementadas las peticiones con las de los aquejados de dependencias leves a las de grado 1, que serán la mayoría dentro de cuatro años. Es decir, que temen un crecimiento exponencial del número de expedientes de dependencia sin aumentar la dotación de personas encargadas de darles curso. Trámites que en la Comunitat cubre una empresa contratada por la Conselleria.
Ante este rosario de dificultades, es exigible que la gestión de los recursos sea transparente, dé preferencia a los casos más graves y deje a salvo el principio de igualdad.
Fuente: elperiodicomediterraneo.com
