El tijeretazo ha puesto en entredicho la aplicación de la ley de dependencia y ha situado a los ayuntamientos contra las cuerdas de una doble realidad: la multiplicación de los expedientes relacionados con la solicitud de ayudas y la imposibilidad de darles curso en un plazo de tiempo razonable. Además, la eliminación del principio de retroactividad, como parte del plan de austeridad aprobado por el Gobierno, causa un perjuicio mayor a los solicitantes que aguardan una respuesta. Y los municipios deben afrontar sus quejas con pocas o ninguna solución que ofrecer para agilizar los trámites.
Nunca ha sido la aplicación de la ley de dependencia un asunto fácil de resolver, pero la crisis amenaza con convertirlo en un laberinto imposible, cuya complejidad es previsible que se agrave a corto plazo. Eso es al menos lo que temen los alcaldes, que a partir del año próximo verán incrementadas las peticiones con las de los aquejados de dependencias leves
–las de grado 1–, que serán la mayoría dentro de cuatro años. Es decir, que temen un crecimiento exponencial del número de expedientes de dependencia por funcionario –ahora es de 300– sin que quepa aumentar la dotación de personas encargadas de darles curso debido a la congelación de plantillas.
Nadie estuvo en condiciones de prever este rosario de factores negativos cuando se aprobó la ley. Ni la situación económica del momento ni las perspectivas de futuro permitían pensar que llegarían las penurias que hoy conocemos. Pero, ya que son inevitables, es exigible que, por lo menos, la gestión de los recursos sea siempre transparente, dé preferencia a los casos más graves y deje a salvo el principio de igualdad.
Fuente: elperiodico.com
