La ley de eutanasia, que empezará a aplicarse el próximo viernes, no acarreará una avalancha de casos. Así lo cree la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que prevé que en su primer año de vigencia, en 2022, las peticiones de ayuda supondrán un 1%, lo que en términos globales significará 4.000 solicitudes.
Los principales demandantes de la eutanasia y el suicidio asistido serán los enfermos terminales oncológicos ya desahuciados, los que padecen dolencias crónicas como ELA, esclerosis múltiple y distrofias musculares y, en menor medida, los pacientes de demencias. Los enfermos mentales serán quienes tengan más difícil invocar ese derecho, dado que tales “patologías están muy estigmatizadas y se supone que quienes las sufren son incapaces” asegura el presidente de DMD, Javier Velasco.
Por su parte, Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA argumenta que la eutanasia “es una decisión individual” y como tal se respeta. “Los documentos de voluntades anticipadas son bastante frecuentes en nuestros pacientes”, comenta Cheles.
Durante el debate y tramitación de la ley, CEAFA expuso que no existía un reconocimiento del derecho a la eutanasia para las personas con demencias. “La redacción de la ley se perfeccionó mediante las aportaciones que hizo la Confederación”, concluye Cheles.
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