El informe ‘Impacto económico de la reforma de la Ley de Dependencia’, elaborado por el Observatorio Estatal de la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, constata que la mayor parte del desfase entre reducción de fondos estatales y las medidas de ahorro autonómicas en esta materia recaerá en Madrid y Castilla y León, con un saldo negativo entre recortes y ahorros de 26,73 y 21,56 millones, respectivamente, por el escaso margen de maniobra que tienen por su apuesta por los servicios y su agilidad en la tramitación de expedientes. El documento destaca que las medidas de ahorro en dependencia de las autonomías españolas supondrán 305,7 millones de euros, que no son suficientes para soportar los recortes estatales en financiación en 2012 por un total de 370,9 millones.
En concreto, el informe cifra el recorte a Castilla y León en esta materia por parte del Gobierno en 28,2 millones de euros, es decir, un 27,42 por ciento de reducción sobre la financiación estatal de 2011, frente a un descenso medio para el conjunto de las autonomías del 23,02 por ciento, con una merma de 370,91 millones de euros sobre lo previsto hasta marzo de este año. El análisis afirma que las medidas adoptadas por el Gobierno «hacen el sistema absolutamente insostenible y dejan a las autonomías sin margen de maniobra».
Reducción de fondos
La merma de fondos a la Comunidad se correspondería con 22,53 millones de euros de la supresión del nivel del convenio de financiación de las autonomías, y otra bajada de 5,67 millones por la reducción de las entregas a las comunidades por el nivel mínimo garantizado en una media del 13,24 por ciento, sólo hasta finales de 2012.
El estudio contrasta los recortes de la Administración General del Estado con los ahorros para las autonomías derivados del l Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, por la reducción del 15 por ciento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (PECEF), y por la supresión de la retroactividad de la misma. En el primer caso, Castilla y León se ahorraría en cinco meses, entre agosto y diciembre de este año, sin nuevas incorporaciones, 6,65 millones de euros, y nada en el segundo.
Así y analizando el saldo entre los recortes estatales y las medidas de ahorro, se constata que en la Comunidad castellano y leonesa los servicios son mayoritarios y «evidentemente» resultan más costosos que las prestaciones por cuidados familiares.
En términos relativos, el documento refleja que los territorios más perjudicados por las medidas son, «sin ninguna duda», La Rioja y Castilla y León, con un saldo negativo entre las actuaciones de ahorro en dependencia con relación al volumen total del sistema del 4,03 y 4,02 por ciento, respectivamente, frente a Canarias o Baleares, con porcentajes positivos del 2,75 y 2,45 por ciento, en cada caso.
Fuente: diariodeleon.es
