Amorós critica que el Gobierno reduzca "hasta en un 100%" diversas partidas sociales para financiar la Ley de Dependencia
Tras más de dos años de obras, el centro para personas dependientes Gran Vía de Castellón inicia la cuenta atrás para abrir definitivamente sus puertas. La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón, Carmen Amorós, indicó ayer que "aunque es complicado dar fechas concretas, porque además de las obras pendientes habrá que dotar al centro del equipamiento correspondiente, las previsiones del Consell apuntaban a que la instalación podrá estar lista este verano". "Las obras están muy adelantadas, pero desde el Ayuntamiento no podemos todavía dar una fecha porque, aunque finalicen los trabajos, queda equipar el centro", insistió Amorós.
En cuanto a la parte proporcional de las obras que corre a cargo de las arcas municipales, tras aprobar recientemente tres nuevas certificaciones de obra -24 en total-, el Ayuntamiento de Castellón tan sólo tiene pendientes de abonar "entre tres y cuatro" certificaciones, comentó Amorós.
En cifras, el coste del proyecto asciende a unos 8,4 millones de euros, de los que 1,7 millones, el 21% del total, correrán a cargo del Consistorio. La Diputación Provincial correrá a cargo de un 21% y el 58% restante, unos 4,8 millones, serán aportados por la Generalitat.
La apertura de la instalación permitirá a la provincia disponer de 262 nuevas plazas residenciales y de centro de día, de las que 72 serán para enfermos de Alzheimer, 60 para centro de día, otras 20 para afectados por daño cerebral sobrevenido, 70 irán para el Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS), y otras 40 para enfermos mentales.
Por otro lado, Amorós se refirió ayer al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de incrementar con 400 millones de euros los fondos para financiar la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat, un anuncio que Amorós calificó de "desvergüenza política" y de "insulto para la sociedad y para las personas dependientes".
Recortes en fondos sociales
"Lo que Zapatero no ha dicho es de dónde sacará esos fondos", dijo la edil popular, que explicó que "el presupuesto del Plan de Acción para las Personas Mayores pasa de 71 millones de euros a cero euros; para atención a discapacitados se retiran 5,9 millones, el recorte en ayudas a Servicios Sociales es del 50%, las del Plan de Voluntariado se recortan en un 91% y las del programa Familia e Infancia caen en un 78".
"Es inadmisible, intolerable e indignante que se haya hecho esta Ley sin ni siquiera saber el número de dependientes que existen, ni conocer la cantidad del copago y, además, se dejan fuera a los enfermos mentales", denunció Amorós, que insistió en que "esos 400 millones de euros se van a sacar a costa de recortar en unos 340 millones otros fondos sociales en un momento en que, debido a la crisis, son más necesarios que nunca". Además, aseveró que "la aportación estatal sólo cubre el 4% de lo que cuesta una plaza adaptada, por lo que la Generalitat deberá pagar un 71% y, el resto, el usuario o su familia".
La concejala de Bienestar Social indicó además que, a pesar de la inyección económica, "los fondos siguen estando muy lejos de ese 50% que el Estado se comprometió a ofrecer a las personas dependientes" y añadió que, en 2008, "el coste para las 30.000 personas dependientes de la Comunitat ascendió a 317 millones, de los que el 67,2% (213 millones) fueron aportados por la Generalitat, el 20,5% corrió a cargo de los usuarios (65 millones) y el 12,3% restante (39 millones) lo financiaron los ayuntamientos".
Amorós también criticó el hecho de que el Gobierno haya "congelado" la financiación de los terminales para prestar el servicio de teleasistencia "a las 1.260 personas que figuran como grandes dependientes en la provincia de Castellón, terminales que han tenido que ser pagados por el Consell y la Diputación".
Fuente: lasprovincias.es
