Las entidades abajo firmantes: la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), la Fundación CIEN, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG) y la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) queremos expresar nuestra profunda decepción por la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de no financiar fármacos capaces de modificar el curso de la enfermedad de Alzheimer.
A día de hoy y por primera vez, disponemos de tratamientos autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que ralentizan la progresión de la enfermedad en un grupo concreto de pacientes y que representan un avance veraz y significativo en una enfermedad en la que, durante décadas, únicamente se han podido ofrecer tratamientos sintomáticos. Años de esperanza compartida entre pacientes, familias, profesionales, investigadores y administraciones merecen una fundada oportunidad.
Según hemos podido leer, algunos de los argumentos para este rechazo se han basado en la evidencia científica, pero esta debería analizarse con rigor y en su conjunto. Tal y como señalamos anteriormente, los tratamientos objeto de esta decisión ya han sido autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) tras un proceso de evaluación especialmente exigente sobre su calidad, seguridad y eficacia. Además, la reciente revisión publicada por Cochrane, que constituye una aportación científica de valor y debe formar parte del debate, no puede interpretarse de forma aislada ni convertirse en el único argumento para cuestionar unos tratamientos que ya han superado un proceso evaluatorio completo. De hecho, el consenso científico actual no plantea un uso indiscriminado de estas terapias, plantea exactamente lo contrario: una selección estricta de los pacientes, protocolos homogéneos, seguimiento especializado e información transparente. Efectivamente, su beneficio es modesto y sus riesgos son conocidos, pero no existe ninguna otra alternativa en esa área y, para muchas personas, lograr unos meses adicionales de autonomía, de capacidad funcional o de vida independiente pueden tener un valor incalculable. Los pacientes adultos, informados y responsables quieren tener la oportunidad de decidir libremente, con conocimiento de causa, si desean acceder a esta opción terapéutica.
En este mismo sentido, las propias sociedades científicas han defendido que la respuesta no debe ser limitar estas terapias, sino incorporarlas de forma ordenada y, en ese orden de cosas, la llegada de estos tratamientos representa también una oportunidad para fortalecer las unidades de memoria, mejorar el diagnóstico precoz, consolidar equipos multidisciplinares y seguir modernizando la atención al Alzheimer; muchas comunidades autónomas y numerosos profesionales llevan tiempo preparándose para ello. Las diferencias en el grado de preparación del sistema sanitario no deberían resolverse limitando el acceso de estos tratamientos a quienes podrían beneficiarse de ellos, sino acelerando la preparación allí donde todavía existen carencias.
La decisión de no financiación genera, además, una profunda desigualdad. Mientras quienes puedan asumir el coste del tratamiento en el ámbito privado tendrán la posibilidad de acceder a ella, quienes dependan exclusivamente del Sistema Nacional de Salud quedarán excluidos. El acceso a un tratamiento no puede depender de la capacidad económica de cada familia, la innovación sanitaria no puede convertirse en un privilegio reservado a unos pocos.
Nunca se ha afirmado que estos tratamientos sean la solución definitiva al Alzheimer, ni se ha defendido un acceso indiscriminado. Defendemos que las personas que cumplan los criterios clínicos puedan acceder a ellos en condiciones de equidad y con la información necesaria para decidir libremente junto a sus profesionales sanitarios.
Por todo ello, las entidades firmantes solicitamos que se reconsidere la decisión de no financiar estos tratamientos y que se tomen las medidas necesarias para lograr su acceso. Las personas con Alzheimer, sus familias y sus clínicos llevan demasiado tiempo esperando una oportunidad que, aunque limitada, es real. No podemos permitirnos el lujo de renunciar a ella.
