El Sistema Canario atiende a 8.002 personas en las Islas; el nacional asiste a 2.318
El Gobierno de Canarias y más en concreto su Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda no ha dejado de ser objeto de críticas desde que se empezó a aplicar la conocida como Ley de Dependencia. Fundamentalmente se le ha achacado falta de agilidad a la hora de emitir los dictámenes de valoración de las personas dependientes así como el tiempo que tardan los usuarios en beneficiarse de los servicios o prestaciones.
La Ley fue ideada como un marco necesario y beneficioso para las personas en situación de dependencia a las que se les reconoce el derecho a la promoción de su autonomía personal, sin embargo, algunas comunidades autónomas, como la canaria, ya contaban con un sistema sociosanitario que daba cobertura asistencial a personas dependientes.
De esta forma, y según los datos aportados por la Consejería de Bienestar Social, el Sistema Canario de la Dependencia da cobertura a un total de 8.002 usuarios, es decir, a casi cuatro veces más dependientes que los canarios que están acogidos al sistema estatal. De ellos, 2.100 reciben ayudas a domicilio, 588 se encuentran en centros de día, y 5.314 personas tienen plaza en diferentes centros residenciales.
Por su parte, y tras el dictamen de valoración de grado y nivel de dependencia que fija el sistema nacional, se han otorgado prestaciones a 1.485 usuarios; se han dado plazas en centros de día a 357 personas y, en centros residenciales, a 474. De esta forma, y según el Gobierno de Canarias, en el Archipiélago se atiende a más de 10.300 dependientes: 2.318 personas bajo el paraguas de la Ley de Dependencia, y 8.002 personas a través de los planes canarios.
Según la Consejería de Bienestar Social, "el sistema canario es más beneficioso que el estatal y muchos dependientes lo prefieren". Esto es debido a que el sistema canario "se financia a través de la Comunidad Autónoma, que aporta el 40 por ciento del gasto; los cabildos, con otro 40 por ciento, y el beneficiario que sólo tendría que hacer un copago del 20 por ciento como máximo. Esto no ocurre en el marco de la ley estatal, donde el usuario, dependiendo de sus ingresos o patrimonio, pagaría hasta el 90 por ciento del servicio que se le presta", señalaron las fuentes.
La Ley estatal se presentó el 5 de marzo de 2006; el 20 de abril la aprobó el Consejo de Ministros y el 30 de noviembre fue ratificada en el Congreso de los Diputados. El Estado se comprometió a aportar más de 12.638 millones de euros hasta 2015, con partidas que se incrementan anualmente hasta los 2.212 millones que se harán efectivos el último año. En teoría, las comunidades autónomas deben aportar las mismas cantidades que el Estado, pero esto no es del todo así y se ha convertido en una de las puntas de lanza de las críticas, pues comunidades como la de Canarias, con sistema propio de atención a dependientes "efectuaría una doble financiación al mantener ambos sistemas de cobertura", según señala la Consejería.
Las ayudas económicas son excepcionales
Las personas que padecen algún grado de dependencia tienen derecho a recibir una cobertura asistencial. La aplicación de esta cobertura se ha llevado a cabo en función de la gravedad de los casos y, en este sentido, aquellas personas ya valoradas cuyo dictamen de grado y nivel de dependencia es más grave han sido los primeros en beneficiarse de los servicios y, de forma muy excepcional, de una prestación económica. La Ley fija que dará prioridad a la teleasistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día, siendo "excepcional" el pago de un sueldo al cuidador familiar siempre y cuando se haya dado de alta en la Seguridad Social pero sobre todo dependerá de los ingresos y el patrimonio del beneficiario, algo que según la Consejería de Bienestar Social, "no ocurre con el sistema canario".
Desde que entrara en vigor la Ley de Dependencia, en enero de 2007, y hasta febrero de 2009, se han presentado en Canarias un total de 19.877 solicitudes para beneficiarse de las ayudas. Del total, 11.249 cuentan ya con Dictamen de Grado y Nivel, pero hasta el momento 10.318 personas tienen reconocidos los servicios o prestaciones.
Muchas personas se han sentido decepcionadas por la tardanza en llegar las ayudas o porque las prestaciones que esperaban obtener no se corresponden con lo que pensaban que marcaba la ley. En muchas ocasiones, la ley viene a reconocer un servicio del que ya se era beneficiario.
En este sentido, algunos dependientes y sus familiares no entienden la publicidad que "se está dando a la ley cuando la evidencia es muy distinta". Así, personas que se han puesto en contacto con este periódico han señalado que tienen familiares que han sido valorados como grandes dependientes, en el máximo nivel, y sin embargo la ley no les reconoce una prestación o un servicio distinto que mejore la situación en la que ya se encontraban. En este sentido, y en el caso particular de una mujer que padece alzheimer, "el dictamen no le ha supuesto cambio alguno. Antes se encontraba en un centro de día, pagando una mensualidad y una cuota a la asociación de enfermos de alzheimer. Tras ser valorada como gran dependiente y en el grado más grave, "el Gobierno sólo le ha reconocido el derecho a la plaza que ocupa, se la ha dado en propiedad y nada más".
Fuente: laopinion.es
