El cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, José María Barreda, firmó ayer el decálogo que la Plataforma por la Aplicación de la Ley de la Dependencia ha remitido a los candidatos a las próximas elecciones para asegurar «la correcta aplicación» de esta norma en Castilla-La Mancha, que constituye uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar.
El expresidente regional aseguró estar de acuerdo con los planteamientos y las reivindicaciones de esta plataforma. Así, dijo que «es un derecho reconocido a los ciudadanos que necesitan ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana y eso es fundamental».
Durante su intervención, recordó que hasta el mes de mayo el Gobierno de Castilla-La Mancha realizó un «esfuerzo muy importante» para aplicar dicha norma, de tal modo que cada mes se incorporaban como beneficiarios 1.000 nuevas personas después de pasar los correspondientes exámenes.
De mil a doce.
Dicho esto, criticó que, por contra, con el Partido Popular durante el último mes sólo se han incorporado 12 personas. «De 1.000 a 12 dependientes, esa es la correlación», lamentó el candidato socialista.
El decálogo pretende comprometer a sus firmantes a asegurar la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia con carácter prioritario a otras políticas, implementando un sistema de información transparente y eficaz.
De este modo, la plataforma pretende el mantenimiento en todo el Estado del acceso al derecho constitucional de recibir atención a la dependencia en condiciones de igualdad y suficiencia, eliminando las sustanciales diferencias territoriales o sectoriales respecto a prestaciones, servicios, plazos, compatibilidades, derechos administrativos o idoneidad de las baremaciones.
También insta a que exijan a las administraciones públicas lealtad a los principios que inspiran la ley y honestidad en su aplicación, sancionando con rigor a aquellos que dificulten o impidan el ejercicio de los derechos reconocidos.
Entre otras peticiones, la Plataforma por la Aplicación de la Ley de la Dependencia pide a los firmantes de dicho decálogo que cumplan la obligatoriedad de resolver las ayudas en el plazo de seis meses, así como revocar inmediatamente las normativas autonómicas que han convertido el silencio administrativo positivo en negativo, contradiciendo la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y las normas subsiguientes para su aplicación.
Fuente: latribunadepuertollano.es
