Pamplona, 16 de julio de 2026. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), denuncia como injustificable la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de rechazar, una vez más, la financiación de los primeros y únicos tratamientos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Una decisión que abandona a miles de pacientes.
Con ella, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a negar el acceso a una innovación terapéutica que ya ha sido avalada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que está disponible en más de medio centenar de países, incluida la sanidad privada española, y que representa el mayor avance científico frente al Alzheimer. España se sitúa de nuevo al margen de la innovación biomédica, negando a miles de personas la única opción terapéutica capaz de demorar la evolución de la enfermedad. Es una decisión que no cuestiona la evidencia científica, sino que impide que los especialistas españoles la ofrezcan a los pacientes que cumplen los criterios clínicos.
La resolución condena a hijos, hijas, cónyuges y cuidadores a contemplar cómo la enfermedad sigue robando recuerdos, autonomía y tiempo, sabiendo que existe un tratamiento que España ha decidido no poner a su alcance. Es una condena que excluye médicamente con efecto inmediato e irreversible a toda una generación de pacientes. Cada semana que pasa, nuevos pacientes dejan definitivamente de cumplir los criterios clínicos para acceder a una oportunidad que nunca podrán recuperar. No se trata de un retraso administrativo, sino de una decisión de enorme crueldad, porque la Administración no está aplazando una partida presupuestaria, está privando a miles de personas de la única opción que existe.
La decisión supone, además, un paso atrás respecto al consenso construido durante más de un año entre pacientes y profesionales. La mejor prueba de ello es el Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el RECUERDO, elaborado conjuntamente por CEAFA y la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), Fundación CIEN y Fundación Reina Sofía, cuyo séptimo compromiso reclama expresamente la incorporación y financiación de los nuevos tratamientos, garantizando que el acceso no dependa del lugar de residencia ni del hospital de referencia.
Durante este tiempo, CEAFA y dichas sociedades han mantenido reuniones con ministerios, grupos parlamentarios, comunidades autónomas y responsables sanitarios, y han ofrecido múltiples propuestas para que España estuviera preparada para incorporar estas terapias con criterios de equidad, planificación y rigor científico. Este trabajo ha obtenido incluso el respaldo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que ha reconocido la importancia estratégica de facilitar la llegada de esta innovación. El esfuerzo realizado por pacientes y clínicos para preparar al Sistema Nacional de Salud choca ahora contra una decisión política que rompe el consenso construido durante meses.
Tampoco se sostiene desde el punto de vista económico. El cuidado de una persona con Alzheimer avanzado supone un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales para las familias españolas, que asumen alrededor del 80 % del impacto económico ante el colapso crónico del sistema de dependencia. No financiar el tratamiento temprano no ahorra recursos; simplemente desplaza la carga económica hacia fases más avanzadas de la enfermedad, cuando la dependencia y los costes sanitarios y sociales son muy superiores.
Las sociedades científicas consideran especialmente grave el mensaje que esta decisión lanza a toda la sociedad. Durante años investigadores, científicos y profesionales sanitarios han dedicado esfuerzo y recursos a encontrar tratamientos frente al Alzheimer. Lo han conseguido. Hoy, la ciencia ha cumplido. Sin embargo, cuando ese avance llama a la puerta del Sistema Nacional de Salud, la respuesta vuelve a ser un no. De nada sirve pedir más investigación si después se impide que sus resultados lleguen a quienes más los necesitan.
"Ahora quien está fallando es la política. Los gobiernos no pueden seguir escondiéndose detrás de los procedimientos. Lo que hoy está decidiendo no es un expediente administrativo, sino qué pacientes llegarán a tiempo a un tratamiento y cuáles ya nunca podrán hacerlo. Durante años nos dijeron que no había tratamientos. Hoy los hay. Durante años nos pidieron que esperásemos a que llegara la innovación. Hoy ha llegado. Y, aun así, las administraciones vuelven a cerrar la puerta al mayor avance terapéutico frente al Alzheimer en décadas. Después de más de un año de reuniones con ministerios, comunidades autónomas y responsables públicos, hoy comprobamos que muchos de aquellos apoyos eran papel mojado. Lo que hoy se ha decidido es condenar a una generación de pacientes a perder para siempre la oportunidad de acceder al único tratamiento capaz de modificar la evolución de su enfermedad. Eso constituye una traición histórica a las personas con Alzheimer y un desprecio absoluto a su dignidad", afirma Mariló Almagro, presidenta de CEAFA.
CEAFA anuncia que intensificará todas las acciones institucionales, políticas y sociales necesarias hasta revertir esta decisión. Porque el Alzheimer no espera. Cada día sin acceso a estos o tratamientos es un día perdido para quienes nunca podrán recuperar el tiempo que la enfermedad les arrebata. Y esa responsabilidad ya no es de la ciencia. Es exclusivamente política.
Sobre CEAFA
CEAFA es una entidad que agrupa a más de 300 asociaciones de familiares y que representa los intereses y necesidades de los más de 4,8 millones de personas que conviven en España con la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, incluyendo también a los familiares cuidadores. El Alzheimer representa más del 60% de la dependencia en nuestro país y supone un coste anual de 35.000 millones de euros.
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