CEAFA: Confederación española de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias

Con el objetivo de contribuir a mejorar la efectividad de la Ley la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, más conocida como “Ley de Dependencia”, CEAFA, Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias, como representante del 60% de los potenciales beneficiarios de esta Ley, propone un paquete de medidas que también pretende defender los derechos y especiales necesidades de las personas afectadas por la Enfermedad de Alzheimer, principal causa de dependencia en España.

Resumen de las 12 medidas propuestas:

• Revisión del baremo de valoración de dependencia más allá de las capacidades físicas y teniendo en cuenta el nivel de consciencia en la ejecución de las actividades que forman parte de la vida cotidiana.
• Atención a los equipos de valoración para su mejor capacitación profesional.
• Reducción de plazos de trámites y resoluciones para agilizar el acceso de las personas dependientes y sus familias a los recursos y servicios.
• Mejora de los procesos de seguimiento de la dependencia realizando revisiones cada de tres meses.
• Optimización de la cartera de recursos del sistema haciendo un mayor esfuerzo en la inversión de recursos y servicios para que todas las personas puedan acceder a aquellos que más necesitan.
• Reconocimiento del derecho de libertad de elección en los servicios y recursos más necesarios en función de las causas que produzcan la dependencia.
• Optimización de la prestación de servicios, priorizando la prestación de servicios, por encima de la económica.
• Aseguramiento de la financiación destinando al menos el 1.5% del PIB.
• Copago: Considerar el copago como una medida extraordinaria y temporal que no obstaculiza el acceso de la persona a los recursos y servicios que precisa en función de su nivel y grado de dependencia.
• Actualización del número de dependientes para ajustar las partidas presupuestarias.
• Mayor peso del Tercer Sector en los órganos decisorios para contribuir a obtener resultados positivos y adecuados a las personas dependientes.
• Mayor implicación del Consejo territorial y consenso entre las Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para facilitar la implantación de la Ley.

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