Blog de la Confederación Española de Alzheimer
y otras demencias

Se desconoce cuándo finalizará esta crisis sanitaria y, por tanto, el alcance del impacto real en la economía. ¿Cuándo recuperaremos los niveles económicos que teníamos antes de la crisis sanitaria del COVID-19?

Óscar Arce, Director General de Economía y Estadística del Banco de España, en su intervención en el Webinar “Perspectivas económicas y sostenibilidad del Estado de Bienestar” organizado por la Fundación Edad&Vida[1], explicó que: “Un escenario adverso con un paro en el entorno del 20% y un déficit público por encima del 10%, llevará varios años reconducir”, añadiendo que “la normalización del nivel de actividad será incompleta hasta entrado 2022”.

Nuestra recuperación dependerá fundamentalmente del alcance de la crisis sanitaria, de la efectividad de las medidas de prevención (y, sobre todo, de la aparición de la inminente vacuna) y de las respuestas económicas que se pongan en marcha por parte del Gobierno.

Así coinciden muchos profesionales dedicados al estudio de la evolución de la economía, incidiendo que es necesario mantener las ayudas hasta consolidar la economía, por lo que, se esperará un déficit acusado que requerirá poner en marcha políticas fiscales que favorezcan la recuperación.

Pero esta crisis económica y sanitaria no podría entenderse sin la fractura producida en el estado del bienestar y sobre todo en el colectivo de las personas mayores que han sido y siguen siendo la población más golpeada.

La prohibición de visitas a las personas mayores, si bien ha sido una medida preventiva, se ha convertido en una fuente extra de aislamiento social y soledad emocional. La única fuente de vínculo social se ha visto reducida a unos momentos de comunicación por videoconferencia.

Otra forma de discriminación sufrida por las personas mayores en estos tiempos de pandemia ha sido la decisión de las autoridades sanitarias de tomar como criterio la edad para la desescalada, situando a las personas mayores como los últimos en poder salir del confinamiento.

Los estereotipos son la puerta de entrada a la estigmatización, al etiquetado y a la conducta discriminatoria respecto de las personas mayores. Estas actitudes pueden promover estrés, angustia y ansiedad en las personas mayores al insistir en su vulnerabilidad.

Las imágenes estereotipadas y negativas que aparecen en los medios de comunicación vinculando enfermedad a vejez, deterioro y carga social pueden reforzar el edadismo, la actitud de rechazo y el miedo a envejecer.

En este contexto, ¿cómo se ven afectadas las personas mayores? ¿y nuestras Asociaciones?

Ante esta situación, se ha tenido que destinar gran cantidad de las partidas previstas a principios de año para los gastos corrientes de las diferentes administraciones a otros recursos que no estaban presupuestados, incluso se ha tenido que recurrir a la Unión Europea para poder hacer frente a los gastos que está ocasionando esta pandemia.

Todo esto, y junto a la ampliación y creación de ayudas públicas y/o beneficios sociales, laborales, tributarios…obligará a reducir el gasto público en un corto-medio plazo, sin aún saber el alcance en:

• Las pensiones.
• Los servicios y ayudas que se realizan desde los servicios sociales.
• Las subvenciones públicas de las diferentes administraciones.
• …….

No es de nadie desconocido que nuestras personas mayores, el grado de afectación ha sido muy elevada. Especialmente, en aquellas personas que viven solas, que no disponen de servicio de ayuda a domicilio, aquellas que no tienen su valoración de dependencia o de discapacidad acreditada, aquellas que requieren de curaciones diarias, aquellas que tienen dificultades para desplazarse en busca de alimentos, productos de higiene o medicinas, acuciándose todas estas cuestiones aún más en el medio rural.

A su vez, de forma generalizada, con problemas en el manejo de las nuevas tecnologías e incluso sin acceso a internet (brecha digital) que se une al hecho de constituir el principal grupo de riesgo de contagio de la COVID-19.

Y con ello, se une el incremento de las dificultades que las entidades sociales nos hemos encontrado para llevar a cabo nuestra actividad.

¿En qué situación se ha encontrado nuestra estructura confederal?

Necesidad de que se prolonguen los ERTE una vez finalizado el Estado de Alarma

Necesidad de recuperar los trabajadores en ERTE de forma acompañada conforme vayan llegando los usuarios

La Administración debe implicarse en establecer protocolos para la vuelta a la actividad

Las Administración debe hacerse cargo de los EPIS, deben desinfectar los centros

El servicio está reducido, se realiza atención telefónica y envío de materiales a domicilio

Las AFAs deberían ser consideradas como servicios esenciales

Uso del teléfono 24 horas para mantener contacto con las familias.

Se plantea una nueva modalidad de trabajo introduciendo las TIC como complemento a la actividad tradicional.

Hay que reinventarse, cambia la manera de trabajar

Preocupación por la justificación de las subvenciones

Estas preocupaciones, junto a muchas más, fueron las afirmaciones que muchas Asociaciones manifestaron en las jornadas celebradas los días 20 y 24 de abril de 2020 a través de la plataforma Zoom organizado por CEAFA.

A principios del mes de diciembre se circularizó un cuestionario a toda la estructura confederal en la que se solicitó información sobre la situación de las entidades en estos últimos meses, dividido en cuatro bloques: información general, en materia laboral, servicios prestados y en el ámbito económico.

Lo cierto es que, con la información obtenida de las 130 respuestas recibidas, hemos podido observar que el impacto real del COVID-19 en números, se traduce a:

En materia laboral, cabe destacar que un 77,69% de las entidades encuestadas aplicaron un ERTE de cualquier modalidad durante el estado de alarma decretado del 14 de marzo al 21 de junio, un 46,15% de las entidades aplicaron medidas de trabajo a distancia, siendo únicamente un 7,69% de las Asociaciones que no aplicaron medidas de orden laboral.

A 30 de noviembre de 2020, los porcentajes varían, de forma que las entidades que están aplicando un ERTE de cualquier modalidad se ha reducido hasta llegar a un 28,46%. Se ha reducido la aplicación de la modalidad de trabajo a distancia a un 17,69% y un 39,23% de las entidades encuestadas no aplican medidas.

A nivel de profesionales afectados, es destacable que un 47,84% de la plantilla de las entidades encuestadas se han visto afectados por ERTE-Suspensión total y que actualmente, se ve reducido a un 7,68%.

En cuanto a las personas usuarias que atendemos, entendiendo como personas usuarias a las personas afectadas por demencia, así como, las personas cuidadoras familiares, el 95,11% de usuarios fueron atendidos de forma telefónica (además de alguna otra modalidad) frente a un 5,42% que fue atendida de forma presencial.

Es de destacar que un 21,38% de los usuarios causaron baja como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, fundamentalmente por miedo a contagio (38,92%) por fallecimiento (13,72%) o por que el daño sufrido por la persona afectada por demencia hace producido que ya no seamos el recurso adecuado (13,88% de los casos).

En cuanto a los efectos causados por el confinamiento básicamente se ha observado un deterioro tanto cognitivo como funcional en las personas afectadas, produciéndose alteraciones de conducta y deterioro emocional. Se observa un empeoramiento generalizado de la evolución de la enfermedad de las personas afectadas por demencia.

Las personas cuidadoras familiares han sufrido las consecuencias de sobrecarga y estrés, combinado con problemas de conciliación tanto a nivel personal como laboral. Los pensamientos depresivos, la ansiedad y el agotamiento físico y emocional son varias de los efectos que desde las Asociaciones han percibido.

Finalmente, a nivel económico, es generalizado la reducción del volumen de ingresos de cuotas de usuarios, cuotas de asociados, donaciones recibidas según puede observarse en el gráfico que se muestra a continuación, destacando que un 56,15% de las Asociaciones indican que el nivel de subvenciones se ha mantenido.

A nivel de gastos, un 40,00% de los encuestados indican mantener tanto su gasto en personal como el gasto en tecnología.

Un 33,07% ha indicado que ha tenido problemas para poder hacer frente a las obligaciones de pago existentes, de las cuales un 21,54% se han visto en la tesitura de solicitar financiación para sufragar problemas de circulante.

Como punto final, indicar que de las entidades que han respondido al cuestionario, un 44,61% han sido consideradas servicio esencial durante esta crisis sanitaria.

Llegado a este punto, ¿en qué debemos centrarnos?

Más allá de las cuestiones puramente sanitarias, la situación generada como consecuencia de la crisis sanitaria tiene graves implicaciones económicas, que pueden acentuarse si la crisis se prolonga. Por ello, es importante establecer un plan de contingencia “integral” que no sólo minimice los riesgos de contagio, sino también que despliegue las herramientas que permitan dar continuidad a nuestra actividad.

La presencia del coronavirus y como consecuencia del confinamiento generalizado y cierre de todas aquellas actividades no esenciales, comenzaron a desplegarse muchas medidas laborales cuya pretensión era hacer frente a la inactividad de las organizaciones, medidas que tuvo un gran impacto sobre el equipo humano que conforman las organizaciones. Con la vuelta a la nueva normalidad, y pasados unos meses en los que hemos sufrido una segunda oleada de contagios y ante la inminente llegada de la vacuna, debemos reflexionar sobre nuestra forma de trabajar, de forma que, analicemos nuestra forma de gestión del equipo humano que compone nuestra entidad.

Es el momento de:

• Evaluar los diferentes puestos de trabajo y las formas en que se desempeñan las diferentes actividades.
• Poner en valor los comportamientos de todos los profesionales y su actuación ante la crisis, de manera que despleguemos mecanismos necesarios que garanticen el fomento de esas prácticas.
• El trabajo en equipo es fundamental, por lo que establecer una cultura inclusiva que evita la no discriminación puede resultar un punto clave.
• Establecer las herramientas de trabajo que permitan realizar su actividad desde un lugar diferente al habitual, flexibilizar la jornada laboral…
• ¿Es factible la modalidad de trabajo a distancia? Como medida excepcional, como ha sido esta situación, no ha conllevado grandes repercusiones. Sin embargo, en el caso de que se prolongue en el tiempo, deberemos tener presente el Real Decreto-ley 28/2020[2], de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que define cómo deben ser las nuevas condiciones de trabajo, así como, la Ley Orgánica 3/2018[3], que el 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) para garantizar las condiciones de seguridad de trabajo e informáticas.

Todo ello, como es de suponer, debe analizarse desde el punto de vista del colectivo que atendemos. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que el coloquialmente conocido “teletrabajo” ha venido para quedarse y que las tecnologías han cobrado una mayor importancia.

Pero también ha puesto de manifiesto que:

-          Nuestros mayores en un amplio porcentaje no tienen manejo en las nuevas tecnologías y eso se traduce en un mayor aislamiento de estas personas.

-          También y sobre todo en el mundo rural, no tiene el acceso a internet. Lo que supone un problema añadido.

-          La falta de asistencia a los centros por parte de los usuarios ha supuesto un empeoramiento generalizado de la demencia, como consecuencia de un deterioro tanto a nivel cognitivo, como emocional y físico.

-          Las personas cuidadoras familiares han sufrido una sobrecarga y agotamiento físico y mental, teniendo problemas de conciliación familiar y laboral.

Y, por tanto, un notable empeoramiento en la calidad de vida de las personas afectadas por demencia (Persona enferma – Persona cuidadora).

Debemos reflexionar sobre nuestra forma de trabajar, contemplar las TIC como complemento a la actividad tradicional, reinventarnos de forma que ante una situación tan atípica que hemos vivido, nuestra actividad no se vea afectada y, por tanto, la calidad de vida de las personas a las que atendemos.

Y, como en toda organización, debemos tener presente el impacto tanto económico como financiero. Un plan operativo anual, siempre deberá estar sufragado por un presupuesto anual. Este presupuesto se habrá visto trastocado como consecuencia de la llegada del coronavirus y, por tanto, visto en la obligación de adaptarlo. Dado lo acontecido, pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo un control presupuestario y, con ello, preservar nuestra tesorería.

• Revisar la estructura financiera de la entidad, para en su caso, recalendarizar la amortización de los préstamos.
• Revisar los planes de inversiones, aplazando los no prioritarios.
• Revisar la estructura de costes.
• Diversificar las fuentes de financiación. La situación actual, ha llevado a que haya organizaciones que tengan pendientes de cobro subvenciones del año 2019, lo que ha dificultado su capacidad de adaptación y las que, sin haberse convocado subvenciones, han ejecutado proyectos sin garantías de financiación.
• Dimensionar, estructurar y planificar la necesidad de liquidez.

Esta crisis sanitaria ha dejado palpable el trabajo del día a día de nuestras Asociaciones y del papel tan importante que desempeñan, dejando de manifiesto la necesidad de ser considerados servicios esenciales. Esa esencialidad a lo largo de estos últimos meses ha suscitados muchas dudas, incertidumbres y cuestiones a resolver.

En pleno confinamiento, la publicación del Real Decreto-ley 9/2020[4], de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, suscitó muchas dudas puesto que en su artículo 1.1 se establecía que “los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que determinase el Ministerio de Sanidad, así como los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se consideraron servicios esenciales y, por ello, debieran mantener su actividad”. 

Sin embargo, con posterioridad, la Orden Ministerial SND/310/2020[5], de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios en la que se hizo entrever que las CCAA tienen competencia para determinar qué es esencial y qué no.

Por tanto, ¿qué es esencial? ¿qué criterios hacen de una entidad esencial? ¿un centro, establecimiento o servicio sanitario? ¿en cada Comunidad Autónoma se establecen los mismos criterios para declarar un centro, establecimiento o servicio sanitario? Debemos reivindicar esa esencialidad a todos los niveles (estatal, autonómico y local) para que llegado un periodo como el que estamos sufriendo, no se cuestione el cierre o apertura de nuestros centros. Y ello pasa por mantener relaciones fluidas con las administraciones, que permitan el diálogo y la negociación.

Queda un duro trabajo por delante para el año 2021, pero seguiremos luchando con la única visión que tenemos, y es la de trabajar, para que todas las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer sean objeto de atención preferente de cuantos servicios sociosanitarios públicos y privados sean necesarios para elevar la calidad de sus vidas a las mayores cotas posibles.